350 familias de la comunidad indígena guarijío se resistieron durante dos años a ceder los derechos de sus tierras para la construcción de la presa Pilares-Bicentenario. Ahora las autoridades estatales obtuvieron las firmas de los gobernadores tradicionales mediante engaños, además de que obstruyeron la presencia de asesores a las asambleas.
Así lo señalaron el investigador del Colegio de Sonora, Jesús Armando Haro, y Ramón Martínez, de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable. Ambos recibieron amenazas de muerte.
El País anunció que varios investigadores y defensores de los derechos humanos que trabajan con lo guarijíos, al norte del municipio de Álamos (a ocho horas de Hermosillo) han recibido amenazas de muerte, acoso telefónico y ataques contra sus vehículos.
Además de Jesús Armando Haro y Ramón Martínez, están siendo acosados y amenazados Cinthia Lizeth Moroyoqui Aldama y Yaneth Lara Hernández, ambas investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Según la Jornada, primero las llantas de los carros de los investigadores fueron macheteadas, después empezaron las amenazas de muerte por teléfono y correo electrónico. Aunque presentaron denuncias ante el Ministerio Público y recibieron escoltas del gobierno municipal, éstas les fueron negadas el día que fueron por ellas para poder asistir a las asambleas guarijías.
Y mientras ellos se vieron imposibilitados para ir a la asamblea, el gobierno estatal llegó y recolectó las firmas de los gobernadores tradicionales para obtener 3% del derecho de las tierras.
Según los investigadores, la manera en que obtuvieron las firmas fue algo ilegal, ya que sacaron a los gobernadores tradicionales (se supone que la decisión sería tomada de manera conjunta) para trasladarlos a Navojoa, donde los aislaron y les pidieron por separado la firma. Además, una de ellas es ilegítima y otro de los líderes será destituido por la comunidad por haber firmado el acuerdo.
Además, se suponía que el gobierno municipal le presentaría el proyecto en su totalidad a la comunidad y les entregaría un resumen en español y en guarijío. También se supone que habría una consulta previa e informada, a la cual tienen derecho las comunidades indígenas. Dicha consulta se instaló, pero nunca concluyó.
Los investigadores también fueron testigos de cómo las autoridades estatales estaban en la asamblea en la que uno de los dirigentes tradicionales se había negado a firmar y se fue, entonces ellos promovieron que la comunidad escogiera en ese momento a otro. Este último firmó el convenio para ceder los derechos y ahora lo quieren hacer pasar como el «quinto gobernador».
En fin, es todo un problema el que hay con la comunicación entre el Gobierno y las comunidades indígenas. Al respecto Ramón Martínez declaró:
«Con los cambios en el gobierno federal y en la CDI se da luz verde para atacar a los gobernadores tradicionales, presionarlos y ofrecerles prebendas»
Los guarijíos son un pueblo que se creía extinto, pero en 1976 el Gobierno mexicano reconoció su existencia. En la década de los 80 se les dotó de tierras, por eso, para ellos es una paradoja que se les haya dado tierras y ahora se las quieran quitar.
(Recordemos que la CDI también tiene sus «escandalitos», aquí pueden ver la nota)