El Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para una nueva Ley de Seguridad Interior. La propuesta fue elaborada por los diputados priistas César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo y en ella se propone entregar a la milicia facultades para investigar y perseguir delitos.
En caso de que se aprobara el documento, señala el periodista José Cárdenas, a las operaciones militares de rutina —como patrullajes, custodia de instalaciones estratégicas y asistencia a la población en casos de desastre— se les sumarían “otras que puedan ser necesarias”…. así de ambiguo como se lee.
“Un autogolpe de Estado se gesta desde lo más alto del poder. No se trata de una asonada o rebelión militar, sino de una estrategia política para entregar poder inaudito a las Fuerzas Armadas”, señala Cárdenas. “¿Los priistas pretenden entregar la custodia de la plaza a los militares con tal de calmar el mal humor social y evitar perder el poder?”, se cuestiona el columnista.
¿De qué se trata la iniciativa?
La iniciativa del PRI contempla que soldados y marinos puedan utilizar cualquier método para cualquier obtener información: ya sea intervención de correos electrónicos, tareas de geolocalización o espionaje telefónico. La nueva Ley de Seguridad Interior tendría el objetivo de normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
A esta función, señala el académico John Ackerman, se le sumarían tareas “de control interno”. De acuerdo con el experto, el ejército sólo puede participar en asuntos de “seguridad nacional” (incluso el artículo 129 de la Constitución Mexicana les prohibe “ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” en tiempos de paz).
La propuesta de los diputados del PRI habilitaría a los miembros de la milicia a involucrarse en asuntos de “seguridad interna”, en teoría para apoyar a las desgastadas instituciones federales, estatales y municipales, aunque el concepto de seguridad al interior es abstracto y deja muchas dudas: cualquier cosa “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”.
Con la nueva legislación, indica el colaborador del semanario Proceso, los militares ya no se dedicarían de manera exclusiva atender situaciones de emergencia, sino que se convertirían en “responsables permanentes del orden interno” y en una fuerza política autónoma capaz de intervenir —por voluntad propia— en el momento que consideren adecuado.
En caso de aprobarse la ley, dice Ackerman, los militares estarían autorizados para —por ejemplo— perseguir a miembros de la oposición y de movimientos sociales.
La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general.
Estas acciones militares extraordinarias, no piensen mal, estarían coordinadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación. El columnista José Cárdenas señaló el pasado 25 de noviembre que la propuesta es respaldada por el presidente Enrique Peña Nieto y que esta iniciativa responde a una presión por parte de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió que el concepto de seguridad interior no se confunda con el de seguridad pública. Según el titular de la Sedena, la iniciativa no trata de conceder atribuciones de policía a los militares sino “definir cuándo, cómo y para qué debe recurrirse” a su empleo.
De acuerdo con cifras de El Universal, la aprobación ciudadana a las Fuerzas Armadas ha decaído en los últimos diez años, es decir, desde el inicio de la lucha contra el crimen organizado. Desde que el ejército fue sacado a las calles, sus niveles pasaron del 90% de aprobación a debajo del 70%.