La Corte Constitucional de Guatemala ha anulado la sentencia de 80 años de prisión contra el exdictador José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de guerra, además ha ordenado celebrar un nuevo juicio.

Además, esta decisión deja, a la vez, sin efecto la absolución del exdirector de inteligencia, José Mauiricio Rodríguez Sánchez, considerado (al igual que Montt) como uno de los responsables intelectuales de la muerte de unos 1 800 indígenas ixiles en varias matanzas perpretadas a comienzos de la década de los ochenta.

Después de analizar el caso, los cinco magistrados concluyeron que durante el debate oral y público, los jueces no observaron debidamente el cumplimiento del proceso, como el derecho de defensa de los imputados.

El día 10 de mayo, el exdictador de 86 años, fue acusado de ser responsable de la muerte de  indígenas en un plan de contra-insurgencia ordenado en su mandato. Según precisaron los fiscales, Ríos Montt se hizo de la vista gorda cuando los soldados cometieron violaciones y toturas, y arrasaron casas y aldeas en acciones contra los rebeldes de izquierda (Ay no sé porque medio me estoy acordando de Atenco o de Acteal).

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En este juicio histórico testificaron cerca de 100 personas contra el exdictador. En los cuales los testigos narraban las sangrientas masacres por las que se vieron mermadas las poblaciones indígenas.

 La resolución de la Corte también tiene que ver con la presión de los poderes fácticos. Por ejemplo, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) amenazó con bloquear las principales vías de comunicación hasta que lograran la liberación del exdictador.

Además la todopoderosa patronal (aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras –Cacif–) respondió a la condena con un comunicado en espacios comprados en la prensa, la radio y la televisión, en el cual rechaza la existencia de un genocidio en Guatemala.

Según el País, la reacción de los militares era previsible, ya que hasta la restauración de la democracia en 1985, los militares fueron formados bajo una disciplina inspirada en la obediencia ciega, muy propia de los ejércitos habituados al intervencionismo y a no rendir cuentas a nadie. Por otro lado, el pronunciamiento de los empresarios sólo se explica, según José Cal, «porque tradicionalmente el Ejército ha estado al servicio del gran capital» y además, añade que la postura de los empresarios evidencia que la represión fue financiada, desde siempre, por el empresariado.

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Para el presidente de Acción Ciudadana (independiente), el fallo de la Corte sólo muestra una cosa que «la impunidad sigue siendo la única ley que rige en Guatemala».

Por otro lado, el que fuera secretario de Prensa del exdictador, Gonzalo Asturias, dijo que Ríos Montt no era más que un chivo expiatorio que «intentó poner freno a la orgpia de sangre que heredó del gobierno de Romeo Lucas García» y que había ordenado que no se matara a nadie que no fuera combatiente, orden que la oficialidad ignoró olímpicamente (lo que no explica porqué no se responsabilizó y se procedió en contra de aquel que haya ignorado y dejado que se ignorara la orden del  exdictador, empezando por él mismo).

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*****Vía RT, El País