Por Ricardo Quintana Vallejo
El pasado jueves, 4 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que extiende protecciones a grupos y discursos religiosos (aunque, para algunos, lo hace con poca contundencia, como plantea Emma Green en The Atlantic). Esta orden se ha opacado con la llamativa noticia del reemplazo de Obamacare; sin embargo, vale la pena darle un vistazo, pues podría significar el principio de un ejecutivo mucho más interesado en la libertad religiosa, en atestar golpes a los derechos reproductivos y en una separación más endeble de la secularidad estatal y discursos religiosos.
Muchas de las reacciones ante la orden fueron alarmistas, diciendo que esta orden ejecutiva era igual o comparable a “Ley de Restauración de la Libertad Religiosa” [Religious Freedom Restoration Act] que firmó el Vicepresidente (entonces gobernador) Mike Pence en Indiana en 2015. Ésta permitió que cualquier negocio o persona pudiera negar servicios a miembros de la comunidad LGBTQ+, siempre y cuando la discriminación estuviera fundamentada en creencias religiosas (encuentra más información aquí).
Pero no.
La orden ejecutiva no hace esto y tal vez esa tibieza sea lo que le causa descontento a los activistas conservadores. Sin embargo, sí tiene lenguaje, en su tercer inciso, en contra de los derechos reproductivos. Así, la orden logra enfurecer a muchos, en ambos lados del pasillo.
La orden se divide en cuatro incisos de contenido (y se puede encontrar en la página de la Casa Blanca). Resumo el primero y el cuarto para enfocarme en el segundo y tercero, que son los más controvertidos:
El primer inciso reitera que las voces y visiones religiosas son una parte integral de la esfera pública y, por lo tanto, la gente religiosa tiene la libertad de practicar su fe sin temer al gobierno federal.
El segundo propone que el Departamento del Tesoro [Department of the Treasury] no debería tomar acciones en contra de grupos o individuos religiosos que se involucren en discurso político (y por “acciones en contra” se refiere a impuestos, penalizaciones en materia de impuestos, o rechazar sus estatus de exención fiscal). Este inciso resulta problemático porque parecería abrir la puerta a individuos y grupos religiosos, exentos de impuestos, a opinar sobre política.
Sin embargo, algunos arguyen que sólo es un gesto simbólico, pues la orden ejecutiva no cancela lo expuesto en el “Johnson Amendment” que prohíbe la participación política, directa o indirecta, a organizaciones caritativas como las iglesias.
Aunque por el momento no pareciera tener un efecto real; en términos simbólicos, el ejecutivo nos indica una inclinación hacia la apertura a grupos religiosos, exentos de impuestos, de expresar apoyo o rechazo a un candidato.
El tercero, el más controvertido, invita a agentes federales (en particular el Departamento de Salud y Servicios Humanos [Department of Health and Human Services]) a considerar un cambio en sus regulaciones, de tal forma que protejan a organizaciones, sin fines de lucro, que —por razones religiosas— no quieran proporcionar aborto con medicamentos en sus coberturas de seguro médico (encuentra más información aquí). Resulta problemático porque significa un golpe a los derechos reproductivos y podría sentar un precedente que restringa aún más el acceso (que es un derecho, según lo estipulado en el caso de Roe vs. Wade) a la interrupción del embarazo.
El cuarto pide al Fiscal General guías que interpreten las protecciones a la libertad religiosa.
La orden es mucho más tibia que el primer borrador, filtrado en febrero por The Nation. Éste sí tenía lenguaje explícito en cuanto a matrimonio igualitario, sexo premarital, aborto e identidades trans.
Como está, la orden no hace mucho nuevo, pero es poco probable que sea el final de este camino. Recordemos que acaban de pasar los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump y faltan, cuando menos, otros 1300. Podría ser entonces el principio de un estado con una moralidad religiosa mucho más explícita, mucho más activo en contra de derechos reproductivos y en contra de la protección a la comunidad LGBTQ+.
Aun después de 100 días y de la clara retórica de la campaña, la Casa Blanca está estableciendo su identidad ideológica y política. En conjunto, con los cambios propuestos al sistema de salud pública, el rechazo a la guía de protecciones para estudiantes trans y la desaparición de la página web LGBT de la Casa Blanca, esta orden ilustra el aparente camino que seguirá la administración durante los próximos años.
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Ricardo Quintana Vallejo es crítico cultural y traductor. Estudia el doctorado en literatura comparada de la Universidad de Purdue.
Twitter: @realquir
Sobre Alocado y dislocado: Nuestras identidades (condición socioeconómica, género, sexualidad, nacionalidad, raza), tanto individuales como colectivas, están en constante cambio. Los mexicanos somos versátiles; replanteamos el valor de nuestra historia, cultura y literatura constantemente. Nuestras identidades nos dan mucho de qué hablar. En Alocado y Dislocado se ofrece el análisis de temas actuales y de nuestros símbolos, de nuestras posibilidades identitarias en este momento, desde la dis-locada perspectiva de un mexicano queer en el Midwest estadounidense.