Foto: Cuartoscuro.

Huelga de hambre en Veracruz y en CDMX protestan por crímenes contra la comunidad LGBTI

Mientras en Veracruz un grupo de activistas continúa en huelga de hambre para levantar la voz por los crímenes registrados contra personas de la comunidad LGBTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual) en este 2020; en CDMX otro grupo se manifestó el 31 de agosto para exigir a las autoridades resultados en la investigación del asesinato de Javier Eduardo, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia en Morelos.

En el caso de la manifestación del lunes 31, activistas e integrantes de colectivos LGBTI protestaron en la Fiscalía General de Justicia CDMX precisamente por el caso de Javier Eduardo Pérez —joven de 34 años de edad que fue hallado sin vida junto con un mensaje de odio y la bandera LGBTI en Morelos.

Para que el caso no quede impune —y se eviten las agresiones contra personas de la comunidad LGBTI—, activistas y la familia de Javier Eduardo llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía para manifestarse y visibilizar uno de los varios casos que se han registrado en 2020.

Huelga de hambre en Veracruz

Desde el pasado 27 de agosto, un grupo de jóvenes inició una huelga de hambre en protesta por lo que han definido como “crímenes de odio” contra las personas LGBTI.

Esta protesta la integran los activistas Jazz Bustamante, Cristina Ortiz, Aldahir Jiménez, Ludwing García y Luna Torres mientras que desde Chihuahua los acompañan Miguel Orozco, desde Puebla Paola Malvaez y en CDMX se sumó Alex Hernández —de acuerdo con una entrevista de La Jornada con Jazz Bustamante.

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Foto: Cuartoscuro.

Los y las jóvenes buscan que la Fiscalía General de la República (FGR) los reciba y se cree una estrategia interinstitucional que sume los esfuerzos de los tres poderes de la Nación —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— para avanzar en la creación de protocolos, leyes y políticas públicas para prevenir, atender y erradicar los crímenes contra las personas LGBTI.

Es decir, el objetivo es que a nivel nacional y estatal, las autoridades trabajen desde Presidencia hasta las Cámaras o Congresos locales para poner un alto a este tipo de violencia. ¿Cómo?

Mediante la creación de protocolos adecuados que se enfoquen en los crímenes contra la comunidad LGBTI —esta sería la raíz para poder prevenir y erradicar los asesinatos y agresiones. ¿Por qué?

Crímenes contra la comunidad LGBTI

El 11 de agosto se halló el cuerpo de Jonathan Santos —estudiante de la UdeG y activista por los derechos LGBTI— en las calles de Zapopan, Jalisco.

Para avanzar en las investigaciones del caso, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco decidió perfilarlo como un presunto feminicidio —pues se manejaba la hipótesis de un “crimen pasional”.

Van a investigar el asesinato de Jonathan Santos como feminicidio por “sus preferencias sexuales”

Esta decisión ocasionó que organizaciones civiles criticaran el trabajo de la Fiscalía, pues a falta de un protocolo —y por el desconocimiento e ignorancia de lo que implica un feminicidio— las autoridades dieron un paso en falso integrando la perspectiva de género en un caso que ameritaba un enfoque totalmente distinto.

Eso no fue todo. Las agresiones continuaron.

El 20 de agosto medios de Puebla reportaron el asesinato de Samantha Rosales Barrios, reina de belleza trans que fue atacada en Atlixco presuntamente por un grupo de sujetos que la persiguieron y atropellaron.

Días después, se reportó el hallazgo del cuerpo de Javier Eduardo Pérez, que apareció con signos de violencia, quemaduras y un mensaje con la leyenda “por violador” así como con una bandera LGBTI.

Para que estos casos NO queden impunes, desde Veracruz hasta CDMX los activistas han movilizado sus protestas.