Utilizando argumentos similares a los que se han esgrimido en Europa para sancionar a Google por no respetar el “derecho al olvido”, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) inició un procedimiento de imposición de sanciones contra Google México por posibles infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
El IFAI indicó que ordenó a Google México respetar los derechos de un ciudadano mexicano —cuyo nombre no ha sido revelado ni tampoco los detalles demanda— y cancelar el tratamiento que dan sobre sus datos personales en su motor de búsqueda. La solicitud del órgano autónomo se dio después de que la filial de la empresa de Mountain View ignorara una primera solicitud del particular.
La denuncia en contra de Google México fue interpuesta ante el IFAI en septiembre del año pasado; tres meses después, el 9 de diciembre, se celebró una audiencia de conciliación en donde no se llegó a un acuerdo. La filial mexicana de Google argumenta que ellos no atendieron la solicitud debido a que no son responsables del motor de búsqueda, pues eso compete a la propia Google Inc.
Al no darse ningún tipo acuerdo, el IFAI inició un estudio para determinar el tipo de sanción que merece recibir Google México. Según el análisis del caso realizado por el organismo, la filial es considerada ante la ley como una empresa legalmente constituida en México que, de acuerdo con su objeto social, presta servicios de motor de búsqueda, por lo que es responsable del tratamiento de datos personales que aparecen en el buscador.
En un comunicado, el Instituto sostiene que con esta resolución, “México se une a los países que han sentado un precedente al considerar a dicha empresa internacional [Google] como responsable del tratamiento de datos personales cuando presta servicios de motor de búsqueda”. Lo que no señala el IFAI es que en Europa, donde se han dado los precedentes citados, gran parte de los expertos sobre medios de comunicación e Internet sostienen que este tipo de sanciones también atentan contra la libertad de expresión.