Cuando parecía que la nada emocionante discusión que sostuvieron toda la semana la Segob y el líder de Morena llegaría a su fin, EPN reanima la polémica suscitada a raíz del operativo militar en el que cayó el líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

Ahora que se celebró el 104 aniversario del Día del Ejército, Enrique Peña Nieto aprovechó para echarle porras a los militares y reivindicar el trabajo que hacen en la lucha contra el crimen organizado. Haciendo de lado las acusaciones que en su contra se han hecho por violación de derechos humanos, el Ejecutivo señaló que las descalificaciones contra las fuerzas bélicas “no son admisibles y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras fuerzas armadas”.

‘‘Tengan la certeza de que nuestras fuerzas armadas cuentan con el invariable, irrestricto y absoluto respaldo del Presidente de la República y de su gobierno”, agregó el presidente.

Los señalamientos de EPN se dan en tiempos en los que se discute la Ley de Seguridad Interior, la cual –dicen sus detractores– busca que los militares puedan agandallar a la ciudadanía… cosa que dicen que desde hace mucho tiempo hacen. Nomás que ahora sería con el permiso de la ley.

Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, comentó que “nooo, cómo creen”, lo que ellos menos quieren es una “ley a modo”, sino una en la que se puntualice lo que cada autoridad debe hacer; es decir: “que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas; una ley que dé certeza jurídica a las autoridades, pero sobre todo a la sociedad’’.

‘‘A quienes por falta de información, tergiversación de la misma u otros intereses no visibles señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en la seguridad pública o a su militarización, les aclaramos que las fuerzas armadas creen, respetan e impulsan el estado de derecho y la gobernabilidad democrática y por tanto creemos que la iniciativa debe ser multidimensional, que involucre a todas las autoridades bajo el principio de legalidad’’.

Apenas el jueves pasado, la Cámara de Diputados aplazó la discusión y aprobación de la mentada ley. Antes se buscará mayor participación y evitar que haya dudas sobre ella. El martes pasado, el titular de la CNDH, Luis Raúl González, y especialistas en derechos humanos pidieron al Congreso posponer la aprobación de la ley, ya que consideraron que un aval apresurado podría poner en riesgo los derechos humanos.

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