¿Se acuerdan de Ernesto Cordero? ¿El sujeto que dijo que al mexicano de clase media le alcanzaba con un salario de 6 mil pesos al mes para un crédito para una vivienda, pagar colegiaturas en escuela privada y no sé qué tantas cosas más? Pues nunca se fue, y lo involucraron en la extorsión que hacen diputados federales a alcaldes a cambio de presupuesto para sus comunidades.
El Reforma sigue con su investigación en este caso y el día de hoy publicó que, según la denuncia 34DVE/2013 ante la Fiscalía, un grupo de gestores contactó a varios alcaldes a finales del 2011 y con la justificación de tener el aval y la garantía del panista Ernesto Cordero (como titular entonces de la Secretaría de Hacienda) se ofrecía gestionar los recursos a cambio de pagar el 1.1% del valor total del proyecto.
Recordarán que diputados habían dicho que lo de las «comisiones» que se les pedían a los alcaldes no podía ser ya que se necesitaba también la participación de Hacienda en la extorsión… bueno, pues aquí se está implicando al ex titular de esta Secretaría.
La mayoría de los contratos realizados, se firmaron a principios del 2012 con los alcaldes de Durango, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas y Vicente Guerrero, y se pactó que los recursos tomados del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios.
Para que vean de qué lado masca la iguana, en Durango, la operación se realizó a través de la empresa Consorcio R&G S.A. De C.V. Cuyo representante, un tal Bernardo Terrazas Salgado, se identificó como amiguingui de Ernesto Cordero.
Al menos 7 constructores pagaron unos 20 millones de pesos a Consorcio R&G (¿y para qué quieren tanto dinero, si según su amiguingui con 6 mil pesos alcanza al mes).
Pues bueno, el constructor duranguense Julio César Rodríguez Martínez encaró el pasado lunes a Ernesto Cordero, a quien involucra en una red de coyotes que defraudó a 7 empresarios de la construcción en Durango.
El Coyote vestido de Cordero
Pues bueno, esta persona abordó a Cordero y le mostró una foto en la que aparece con Bernardo Terrazas Salgado (al que también conocen como «El Mayor») y le dijo:
«Tú sabes que estás involucrado en un fraude millonario de unos constructores por tu nombre»
Entonces el señor narra cómo Cordero hizo un ademán mostrando algo así como la intensión de pegarle, entonces él le dijo:
«No, tranquilo, no pasa nada, y si tú crees que no tienes nada que ver con esto, esclarécelo, acércate a las autoridades y ayúdame desde el Senado para que esto se resuelva»
A lo que Ernesto Cordero dijo:
«No, yo no tengo nada que ver, no lo conozco»
(No lo conoce, pero aquí sale muy feliz abrazándolo)
Pero no fueron los únicos empresarios que perdieron con el fraude cantidades millonarias, ya que este también se efectuó en Veracruz, Puebla, Guerrero, Zacatecas y el Estado de México. En el caso de Durango, los intermediarios fueron Rafael López Esquer y Rebeca Martiza Ascencio Rasgado.
Sin embargo, Rebeca Ascencio Rasgado presentó el 24 de enero de este año una denuncia ante la Fiscalía General de Durango a la que se integraría la denuncia ratificada por Rodríguez el pasado 18 de junio.
Y si ya salió tanto a la luz ¿por qué no están las autoridades correspondientes que castigan las actividades corruptas de funcionarios públicos? ¿Por qué parece necesario que tengamos que tragarnos este tipo de actos criminales y que atentan contra los intereses de la ciudadanía? Al parecer, los órganos existen, pero no actúan con eficacia y el ciudadano común no conoce sus procedimientos. Sólo podemos decir que, en un país en el que la corrupción es uno o el mayor problema, es increíble que las instancias anti corrupción y que verifican el comportamiento de los funcionarios no sean el objetivo principal de la prensa mexicana. Además, si por tal o cual razón se está viendo que son negligentes y no pueden hacer bien su chamba, entonces se deberían crear los mecanismo para que la misma ciudadanía pueda participar, por lo menos, en el proceso de denuncia de un político corrupto.