Pues sí, una publicación en Facebook de la página Zócalo Virtual difundió el rumor de que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, podría quedar en libertad debido a su cleptomanía, un transtorno que se caracteriza por el impulso incontrolabe por robar, sin embargo, todo es falso.
Lo increíble de todo es que esta publicación tiene más de 10 mil comentarios de los usuarios que critican al gobierno de Peña Nieto por aceptar la liberación de Duarte y hasta se quejan de que esto es una burla para los mexicanos.
La publicación se volvió viral pues se ha compartido casi 25 mil veces, sin embargo, los usuarios han dado esta información como verdadera, por lo que Verificado2018 se dio a la tarea de revisar el caso y explicar cuál es la situación legal de Duarte.
La información de Zócalo Virtual cita como abogado de Duarte a Pablo Campuzano.
Pero ojo, Verificado2018 confirmó que el abogado del exgobernador es Ricardo Sánchez Reyes Retana, pues Campuzano dejó el caso en marzo pasado.
Reyes Retana es el encargado de la defensa de Alberto Silva, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exvocero de Javier Duarte. Además, lleva el caso del gobernador de Chihuahua, César Duarte, quiene tiene en su contra 11 causas penales ante la Fiscalía de ese estado y otra más a nivel federal en la Procuraduría General de la República (PGR), por peculado electoral.
Nada de cleptomanía
Arturo Ángel, reportero de Animal Político y uno de los autores de “Las empresas fantasma de Veracruz” —reportaje que reveló los casos de corrupción en la gestión de Javier Duarte— detalló que “en la audiencia inicial de Duarte, que se llevó a cabo en julio del año pasado, la PGR sostuvo que el acusado solamente padecía hipertensión arterial, ansiedad e hígado graso”.
Por su parte, la defensa de Duarte no manifestó ni ha manifestado que él sufra otro padecimiento.
Es decir, el único mal de salud que Javier Duarte tiene es la hipertensión arterial. Nada de cleptomanía, aunque esté acusado por desvío de recursos.
El historial de Javier Duarte
En febrero de 2016, la Mesa Directiva del Senado turnó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político, por parte de la bancada panista, contra el entonces gobernador de Veracruz, por el presunto desvío de recursos públicos.
En este documento, los senadores del PAN expusieron que -según el Informe de la Cuenta Pública 2014, presentado por la Auditoría Superior de la Federación- el daño patrimonial contra el erario de Veracruz asciende a 15 mil 772 millones 56 mil pesos.
Miguel Ángel Yunes, entonces candidato a la gubernatura de Veracruz por la coalición PRD-PAN, denunció a Duarte ante la Fiscalía General del Estado.
Más tarde, en octubre de 2016, la PGR obtuvo una orden de arresto contra Duarte y varias personas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, mediante empresas fantasma y prestanombres.
Esta acusación se dio luego de las investigaciones que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda iniciaron tras la publicación del reportaje de las Empresas Fantasma de Veracruz, en donde se evidenció el tipo de mecanismo utilizado en la administración de Duarte para desaparecer dinero público.
Casi al mismo tiempo de que se girara la orden de detención, Duarte pidió licencia al cargo y huyó de Veracruz.
En esta historia, Miguel Ángel Yunes acusó a Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz tras la dimisión de Duarte, de haber prestado un helicóptero para facilitar la huída del priista.
El 25 de octubre, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI decidió expulsar a Javidú porque su comportamiento había violado el código de ética del partido.
Un mes más tarde, en noviembre de 2016, la PGR aseguró al exgobernador 112 cuentas bancarias, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades, “limitar la capacidad de acción y el uso de recursos por los imputados para evadir la justicia”.
Y entre los bienes asegurados estaban dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, así como el rancho de 92 hectáreas “Las Mesas”, en Valle de Bravo, Estado de México.
Luego de casi seis meses de estar prófugo, el 15 de abril de 2017, Duarte fue detenido en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio del mismo año.
Hoy, se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Los cargos
Javidú es investigado por desvío de recursos, por un total de 61 millones de pesos, en su gestión como gobernador.
Además, enfrenta penalmente siete acusaciones.
Las dos acusaciones que hizo la PGR y por las que está preso son:
Delincuencia organizada
Es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. Su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena va de los cinco a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
¿Las otras?
El resto corresponden a dos acusaciones de la Fiscalía de Veracruz, cuyos procesos no han iniciado hasta que no se resuelvan los amparos tramitados por la defensa de Duarte:
Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de dos a ocho años de prisión.
Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con dos mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Amerita una pena de uno a ocho años de prisión.
Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración. Contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Este delito contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.
Coalición: por el desvío de dos mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. La Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.
El proceso legal de Javier Duarte continuará el 31 de julio, debido a que su defensa logró ampliar el juicio seis meses para integrar pruebas a favor de su cliente.
Redacción / Verificado 2018