Jornaleros de los campos agrícolas de San Quintín, Baja California, buscaban ver al gobernador de la entidad para solucionar su falta de acceso a servicios de salud pública y beneficios de ley. Sin embargo, lo único que encontraron fueron las balas de goma con las que policías de los tres órdenes de gobierno replegaron a los manifestantes, según reporta Sin Embargo.
Los trabajadores buscan ser inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se solucione el creciente problema de los acosos y abusos sexuales en los campos y que se mejoren los salarios. Por este motivo, se han mantenido en un paro laboral de 30 horas que se han intentado disolver por múltiples medios para que regresen a trabajar. Cerca del medio día los jornaleros defendieron su paro con piedras y los elementos de seguridad respondieron con balazos al aire.
El día de ayer, el gobernador buscó encarar a los paristas y discutir su pliego petitorio. Sin embargo, llegado a la región se limitó a sobrevolarla sin aterrizar.
En los campos agrícolas de la zona trabajan alrededor de 70 mil jornaleros, de los que entre 30 y 35 mil decidieron levantarse, de acuerdo con cálculos de testigos y de Domínguez. Tan sólo en San Quinytín y sus alrededores se estima que existen unos 10 trabajadores en paro y protesta.
Los principales puntos del pliego petitorio son:
- Que el salario de 110 pesos al día por una jornada de 12 horas, se incremente a por lo menos 300 pesos. * Que la jornada laboral sea disminuida a las horas de Ley y no a las doce que trabajan actualmente.
- Que los jornaleros sean afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que no cuentan con prestaciones sociales de ningún tipo. * Que les den vacaciones. * Que se respete el séptimo día de descanso.
- Que las horas extra sean a voluntad y pagadas de manera adicional.
- Que acabe y se investigue el acoso sexual que se ha dado contra mujeres jornaleras de manera común.
- Diálogo de negociación que incluya a los jornaleros, los patrones y el Gobierno del Estado.
El gobierno estatal no ha dado respuesta formal a ninguna de las peticiones. El subsecretario de gobierno, Pablo Alejo, fue enviado para negociar, pero no fue bien recibido por los lugareños, que lo ignoraron para solucionar el caso con un tomador de decisiones más competente.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, se ocultado en un hotel de las cercanías del que sólo se le ve salir para dar órdenes a mandos de seguridad.
La manifestación de esta tarde terminó con el uso de gas lacrimógenos y balas de goma disparadas al aire y contra los manifestantes. Al menos cinco resultaron heridos tras ser directamente golpeados por los policías y 200 fueron detenidos.
“El trato que nos han dado es de esclavos, es una esclavitud moderna”, dijo Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín, según reporta El Financiero. “Pedimos diálogo y nos respondieron con balas”.
Otro enfrentamiento tuvo lugar el día de ayer, cuando también se disolvió la manifestación con abuso de autoridad.
Luego de que el lunes la Secretaría de Trabajo y Previsión Social anunciara la liberación de al menos 200 indígenas tarahumaras reclutados en Chihuahua y llevados con engaños a Baja California Sur para trabajar como jornaleros en condiciones inhumanas, los gobiernos locales, así como el federal, enfrentan una prueba dura: la de hacer profundas investigaciones y encarar un problema hasta ahora hecho a un lado, el de la explotación de agricultores en el país que trabajan tanto para empresas privadas que rompen la ley de manera impune, como para el crimen organizado.