Ya tiene más de un año de que salió a la luz la compra por parte del gobierno mexicano del malware Pegasus, mismo que fue usado para espiar periodistas y activistas, ahora un juez federal lo volvió a poner sobre la mesa.

El todavía presidente Enrique Peña Nieto, negó en su momento que se haya usado para espionaje, sin embargo de acuerdo con las investigaciones, el 29 de octubre la PGR firmó un contrato a favor de una empresa mexicana para el servicio de 500 infecciones de equipos celulares con el malware, mismo que fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group. 

Pegasus
Foto: Youtube

Es hasta hoy que un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México determinó que la Procuraduría General de la República -PGR- debe admitir las pruebas ofrecidas por las víctimas al considerarlas conducentes para el desarrollo de la investigación. 

Es decir, que la PGR deberá pedir información a las distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron.

Por su parte la Procuraduría solicitó la reserva de la información que eventualmente pudiera obtenerse para que las víctimas no pudieran tener acceso a ella pero el juez denegó la solicitud.

Así fue informado en un comunicado por la organización Artículo 19.

Todo lo anterior es resultado de una impugnación presentada por las víctimas de Pegasus en contra de la decisión de la PGR de no admitir pruebas por la defensa. Se exigió también la incorporación de un panel de expertos independientes para brindar asistencia técnica internacional y garantías mínimas de autonomía e independencia, pero eso todavía no sucede.

La organización señala que de aproximadamente 70 pruebas que fueron ofrecidas por la defensa, la PGR desahogó cerca de 9 y se han negado 49, entre ellas las que fueron materia de la impugnación.

¿Dé donde salió?

El pasado 21 de mayo se celebró una audiencia, durante la cual se constató que Pegasus fue comercializado por NSO Group a gobiernos y fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR.

Por lo anterior el juez señaló que la línea de investigación se debe centrar en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de la instancia. De igual forma, se reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la Procuraduría de conducirse con debida diligencia.

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Yo soy Gabriela Espinosa, pero díganme Gaby, si no siento que me regañan. Trabajo como reportera y redactora en Sopitas.com desde 2018 y desde entonces me enfoqué, en su mayoría, en hard news. En diciembre...

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