Para que vean que no solamente en México se cuecen habas: la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, será juzgada por presunta asociación ilícita destinada a premiar con contratos de obra pública a una constructora vinculada al kirchnerismo (¿dónde hemos escuchado eso antes? **cof cof Peña Nieto y la Casa Blanca cof cof**). El juez Julián Ercolini procesó a la otrora inquilina de la Casa Rosada, toda vez que encontró elementos suficientes para proceder contra la política socialista.
El proceso también incluyó un embargo de 666 millones de dólares a Fernández de Kirchner, además de considerar la posibilidad de prohibirle la salida del país y hasta dictarle prisión preventiva. La deliberación del juez Ercolini también alcanzó a Julián De Vido, exministro de Planificación Federal, a Lázaro Báez, dueño de la empresa investigada y preso por presunto lavado de dinero, así como a José López, exsecretario de Obras Públicas.
Desde que dejó el cargo en diciembre de 2015, la exmandataria ha sido procesada en dos ocasiones. En primera instancia se le acusó por una operación con la venta de dólar a futuro por parte del Banco Central, mientras que esta vez se le relaciona con problemas de asociación ilícita. Al parecer, en otras latitudes sí se vale proceder contra sus funcionarios en casos de corrupción.
Aunque los sistemas democráticos de México y Argentina son comparables (desde su sistema político presidencialista hasta la casi simultánea transición del sistema penal inquisitivo al acusatorio), afirma el académico Alberto Herrera Aragón, la impartición de justicia en estos casos es distinta: en un país sí se investigan los posibles actos de corrupción aunque vengan desde arriba.
De acuerdo con José Roldán Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, existen tres factores que explican la ausencia de investigación en caso de que exista evidencia de malos manejos desde la cúpula del Ejecutivo:
- Un marco normativo ambiguo e inadecuado: el especialista refiere que, acorde a la Constitución Mexicana, está estipulado que el presidente sólo puede responder ante delitos graves (así de ambiguo como se lee). La corrupción no está tipificada tal cual en el Código Penal, así ya ni llorar es bueno. ¿Entonces cuáles son los delitos graves a los que hace referencia la Carta Magna? Traición a la patria, terrorismo, sabotaje, espionaje, delitos contra la seguridad nacional e instar a las Fuerzas Armadas a cometer delitos.
- Los órganos encargados de investigar no tienen autonomía: ¿Recuerdan quién fue el encargado de determinar si la adquisición de la Casa Blanca implicaba un conflicto de interés? El mismísimo Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública… una institución sin autonomía y que depende directamente del Presidente de la República Mexicana.
- No existe una oposición verdadera en la política: Rafael Cabrera, uno de los reporteros que expusieron el caso de la Casa Blanca, relató para el portal Horizontal que “de entrada, no hay oposición” y que el ejemplo más tangible de su afirmación fue el llamado Pacto por México, un acuerdo firmado entre las principales fuerzas políticas del país para las famosísimas “reformas estructurales” (aunque algunos ya se quieran echar pa’ trás).
.@lazacarias ¿De dónde sacas eso? Nos opusimos desde el inicio porque la reforma de @EPN violaba flagrantemente el Pacto por México. Leer 👇 pic.twitter.com/CXoiFN1QgP
— Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) 28 de diciembre de 2016
Y a todo esto, ¿por qué en Argentina sí pueden proceder contra altos funcionarios?
De acuerdo con el argentino Álvaro Herrero, especialista en ciencia política, aunque los órganos de combate a la corrupción dependen totalmente del primer mandatario (allá también podrían tener sus Virgilios), los fiscales tienen “condiciones de autonomía frente al Poder Ejecutivo que les permiten iniciar investigaciones contra altos funcionarios”, según relató a Horizontal. Estas personas encargadas de investigar, dice Herrero, suelen tener preparación, antecedentes y experiencia para desempeñarse en su cargo (**cof cof Raúl Cervantes cof cof**).
La legislación en Argentina, según el experto, está diseñada para que los fiscales sean “un órgano extra poder”, no se les castigue por iniciar una investigación, además de tener autonomía.