La madrugada del domingo, al menos nueve migrantes murieron y otros 15 centroamericanos resultaron heridos cuando se descarriló la Bestia, como se conoce al ferrocarril de carga que cruza México de sur a norte.

-¿Escuchas eso?
-¿Te refieres al tren?
-No, es el sonido de la muerte…

La Bestia es uno de esos trenes de la muerte, una máquina que transporta miles de toneladas de mercancías, pero también a incontables seres humanos que deciden emprender este viaje. Según Milenio, tres cuerpos fueron encontrados dentro de uno de los vagones; indocumentados aseguran que hay más muertos, ya que viajaban más de 150 personas.

Durante su traslado y al llegar al país de destino, los migrantes se exponen a una gran diversidad de peligros: tienden a ser engañados en cuanto a las condiciones laborales e incluso pueden terminar en situación de esclavitud.

 

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Además de esto, las mujeres y los niños a menudo son víctimas de violencia sexual o caen en manos de redes de prostitución. En el caso de los migrantes indocumentados, su vida misma se encuentra amenazada por la vulnerabilidad que emana de su pobreza y de su falta de ciudadanía del país en el que residen o por el que transitan.

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Asediados por la violencia y pobreza en sus países, se estima que unos 140,000 extranjeros ingresan de manera ilegal cada año a México, la mayoría centroamericanos. Al carecer de recursos para asumir el costo del viaje y ante los controles migratorios en carreteras, muchos deciden subirse a la Bestia, cuya ruta es acechada por sanguinarias bandas criminales y abusivos agentes migratorios.

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“El Estado mexicano está obligando a esta gente a subirse al tren. Así, literalmente. No les dan opción”, dijo el sacerdote Tomás González, director de un refugio para indocumentados en Tenosique (Tabasco).

Aproximadamente 600 migrantes iban sobre el tren en el momento del accidente y cree que al menos 30 perecieron. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, expresó su “pésame” por las víctimas, mientras que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras también lamentaron el accidente.

Las migraciones contemporáneas responden a un fenómeno particular: los países desarrollados requieren fuerza laboral para los trabajos de poca remuneración, mientras que los países con altos índices de pobreza son incapaces de ofrecer oportunidades laborales a su población. Lo que es desconocido para la mayoría de los mexicanos son los abusos a los que se ven sometidos los migrantes de otros países que residen o transitan por México. La mayoría de estos migrantes proceden de Centro y Sudamérica y tienen como destino final los Estados Unidos, aproximadamente 22.000 migrantes indocumentados desaparecen anualmente en el territorio mexicano, lo que constituye a todas luces una crisis humanitaria.

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Las autoridades mexicanas han mostrado una respuesta muy tibia a este problema, lo que indica que los migrantes son invisibles para el gobierno federal y que los derechos humanos no constituyen una prioridad para el Estado mexicano. La violación a los derechos humanos de los migrantes no suele representar un costo político para el gobierno mexicano quizá porque en la opinión pública persiste la idea equivocada de que los migrantes, por el hecho de ingresar ilegalmente en un país, no tienen ningún derecho, a pesar de que tales derechos están reconocidos por la ley mexicana.

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El Instituto Nacional de Migración de México ha sido arduamente criticado por la corrupción de sus funcionarios y por el maltrato a los migrantes indocumentados. Una de las principales acciones para resolver esta crisis, por tanto, es crear conciencia en la sociedad civil, lo que puede constituirse como un fuerte mecanismo de presión para el Estado.