A través del decreto que publica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el marco del “plan maestro” de Peña Nieto en búsqueda de una nueva estrategia de seguridad y en su legítimo derecho de re estructurarse como gobierno entrante, la nueva administración federal ha decidido desaparecer a la SSP para que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de gobernación a cargo de Osorio Chong, sin embargo, tal vez esta reestructuración no esté a la altura de las circunstancias que exige el estado actual del narcotráfico.
La desaparición de cualquier secretaría siempre será un tema polémico, pero en esta ocasión el análisis contiene diversas vertientes. Iniciando con por qué el gobierno de Peña Nieto hace fuertes críticas -de forma implícita- a las políticas de seguridad empleadas por Calderón, con frases como “no habrá improvisaciones” y “buscamos una coordinación de fondo que ataque el problema de forma integral”, que no se quedan el discurso. Con esta acción, Peña Nieto descabeza lo que fue la estrategia de seguridad del sexenio anterior cuyo objetivo principal suponía: “el combate a la delincuencia organizada en coordinación con las fuerzas federales, así como la seguridad pública en zonas federales como aeropuertos y fronteras.”. La SSP es una creación enteramente panista, que en un inicio buscaba disminuir a la súper-secretaría de gobernación (tradicional durante la primera etapa del PRI).
La SSP ha tenido diversas intervenciones protagónicas en la escena nacional, desde ser la responsable de un gran número de capturas de los más peligrosos capos del narco tráfico (aunque éstos sean reemplazados en cuestión de horas), hasta patéticos episodios como el montaje televisivo de Florence Cassez, el episodio en Tres Marías y la balacera en el Aeropuerto de la Ciudad de México.
La extinta secretaría se encontraba bajo el mando del muy polémico Genaro García Luna; acusado por periodistas independientes e investigadores expertos en seguridad de mantener vínculos con los cárteles del narcotráfico y que por algún motivo, fue siempre un protegido de Calderón, quien nunca se pronunció al respecto. Encima de esto, la SSP se ha caracterizado por entablar discrepancia y poca colaboración con el resto de instituciones de las fuerzas armadas. En las entrañas del ejército y la marina, la SSP fue vista como un ente de poca confianza y lleno de corrupción, esto a causa de su titular y las prácticas que éste permitía y -se dice- fomentaba.
La SSP, además, carga con los señalamientos de comisiones internacionales pues sus efectivos han sido acusados como los responsables de la violación de derechos humanos entre la sociedad civil que debían proteger.
Sin embargo, parece ser que no esta dependencia no fue sólo un cáncer interno por su propia naturaleza, sino que los malos manejos y corrupción en su interior, fueron los lastres que corrompieron lo que pudo haber sido una buena intención.
Con el regreso del PRI, la Secretaría de Gobernación se encargará de las labores de la ya extinta SSP, es decir: “formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes”. Esta acción forma parte de las “6 líneas de acción en seguridad pública” de Peña Nieto, siendo la que más destaca junto a la creación de la “Gendarmería Nacional”.
A pesar de que el experimento panista parece haber fracasado, la alternativa que ofrece el priísmo no luce como una solución muy alentadora. Nuevamente, la crítica se enfoca en el renacimiento de la Súper-Secretaría de Gobernación. Es bien sabido que en el pasado, el control de la policía federal por parte de esta secretaría se prestaba a lo que algunos llaman “una policía política”; es decir, fuerzas del orden que se dedicaron a la persecución política de aquellos que el Estado consideraba como personajes incómodos.
Otros analistas consideran una decisión acertada la absorción de labores de la SSP, pues se argumenta que en todos los países democráticos, la seguridad pública se encuentra a cargo de la figura del “Ministro de lo Interior” equivalente a Secretaría de Gobernación en México. En ese sentido, los partidos de oposición se han unido para intentar disminuir el poder político que está adquiriendo Osorio Chong. PAN, PRD y PT elaboraron una serie de “candados democráticos”. Entre ellos destaca el que Osorio Chong tendrá que comparecer mensualmente ante el Congreso y el que los tres mandos policíacos (el comisionado general de la Policía Federal, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los titulares de los órganos que tengan a su cargo funciones de fuerza pública,) tendrán que ser ratificados por el Senado. Por su parte, el Movimiento Ciudadano se mantiene como el único partido totalmente en contra de esta re-estructuración, pues sostiene que la función de la Secretaría de Gobernación debe ser exclusivamente política.
Los más duros críticos consideran que no habrá cambios sustanciales, pues la fórmula priísta no es nada nuevo, ya se conoce esa estructura y a pesar de que la SSP no resultó funcional, ni efectiva, el desaparecerla no es garantía de que la corrupción se vaya con ella, ni de que ésta no llegue a ser parte de la nueva policía federal que simplemente cambiará de jefe, toda vez que Osorio Chong tampoco es un personaje que goce de un expediente que inspire confianza. Ocurre entonces que la corrupción (que ha permitido turbios manejos de las policías que en ocasiones pareciera que se encuentran coludidas con los villanos) dentro de las dependencias del Estado es la principal preocupación y no sus estructuras.
Así que Peña Nieto pretende un cambio de estrategia basado en la transformación de la policía federal a una gendarmería nacional; con la intención de centralizar las acciones del gobierno en contra del narco tráfico; además, esta gendarmería pretende reunir a los mejores elementos de todas las instituciones armadas del país. Aunado a ello, el gobierno federal ha propuesto una nueva delimitación de regiones a lo largo de la república, las cuales se encontrarán bajo el mando de distintas divisiones que pretenderán especializarse en la seguridad de la región correspondiente. Esto intenta ser una respuesta y una crítica a Calderón, quien –aparentemente- sólo sacó a las fuerzas armadas de sus cuarteles, sin estrategias, objetivos, o diagnósticos del territorio que debían proteger.
Entonces, para las fuerzas armadas, el país se divide en “cinco regiones para implementar la política de seguridad según las necesidades de las entidades federativas y la actuación de los grupos criminales”.
Las cinco regiones son:
- Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora
- Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas
- Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas
- Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala
- Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán
A pesar de que estas modificaciones intentan una estrategia, en apariencia, más planeada e informada, podemos observar enormes huecos. Habría que preguntarse algo que esta nueva administración no nos ha dejado en claro ¿cuál es el fin último de esta guerra contra el narco tráfico? ¿Disminuir el poder del narcotráfico; asegurar la protección civil durante la búsqueda de delincuentes relacionados con el narcotráfico; erradicar a los cárteles y el mercado negro de drogas? Si ésta última es la respuesta, la meta se encuentra bastante lejana y pareciera que no se quiere llegar a ella.
Para desmantelar por completo a los cárteles, habría que detener el flujo de dinero del que éstos se alimentan, el cual no sería posible sin la colaboración de algunos bancos que lavan su dinero (recordar el reciente caso de HSBC). Estos banqueros también tendrían que ser, buscados, detectados y consignados. Por otra parte, es una realidad que el mercado de drogas mueve circuitos financieros alrededor del mundo, es tan importante como las acciones de cualquiera de las compañías transnacionales en Wall Street. ¿A los hombres de negocios les conviene que este mercado se acabe? ¿A quiénes realmente se beneficia con la prohibición de drogas? ¿Por qué se han construido tantos mitos y tabús acerca de estas? Estos tabús han creado un rechazo social por parte de “las buenas consciencias”; sin embargo, el consumo de drogas no hace distinciones socioeconómicas y tampoco es que todo el mundo desee consumirlas, ni siquiera necesitan que sean legales para consumirlas.
Aún con ello, se trata de enfocar el consumo como un asunto de alto riesgo para los pilares de nuestra sociedad –sí, a pesar de que quien quiere las consume a pesar de que su ilegalidad-; estas personas no sólo son una minoría, sino que además, el grueso de ellos no tiene problemas de adicción, el consumo de drogas (si bien está relacionado naturalmente con su tráfico) no ha resultado tan peligroso para la vida humana como todo lo que implica el mercado negro que históricamente deviene en disputas violentas. Por ello, resulta absurdo pensar que el narcotráfico se acaba a balazos y capturando capos.
Así pues, tendremos que observar y seguir pendientes de lo que suceda en materia de seguridad. El pesimismo por parte de algunos, nace al no encontrar nuevas políticas que busquen debilitar por otros flancos a los cárteles de la droga. Algunos analistas, sin embargo se muestran optimistas ante las modificaciones de Peña Nieto y sobre todo ante el desecho de Genaro García Luna, mientras que otros no observan cómo se pueda modificar la estrategia, de forma en que la prioridad sea la protección de la sociedad civil y no la eliminación del narcotráfico.
Por Aldo Bravo