Jeffrey Toobin nos habla del macabro proceso de las ejecuciones en Estados Unidos y cómo se llegó al consenso de la inyección letal, mientras nos explica los esfuerzos de las cárceles por mantener este castigo en una sociedad que lo rechaza cada vez con más fuerza.*
Tengan lástima por el verdugo moderno. La Suprema Corte [estadounidense] lo ha agobiado con obligaciones que le traen severos problemas a su profesión. (Estados Unidos generalmente no revela los nombres de los ejecutores, pero parece que la mayoría son varones). La tarea detrás de la ejecución ha permanecido sin cambios a lo largo de la Historia pero, con el pasar de los años, la Corte ha ordenado que se lleve a cabo con un poco de delicadeza. En 1890, los jueces dijeron que el proceso de ejecución no podía incluir “tortura o una muerte prolongada“. De acuerdo con esto, en 2008, la Corte rechazó una impugnación a la ejecución por inyección letal -el método que se utiliza en los condenados a la pena de muerte en 35 estados [de la unión americana]- porque, como dijo el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, el procedimiento no representaba un “riesgo significativo de provocar un daño grave“. En otras palabras, matar a alguien es requerido pero hacerle daño está prohibido. ¿Queda claro?
La historia de la pena de muerte en Estados Unidos ilustra la característica fe del pueblo estadounidense en que la solución a todos los problemas está en la tecnología. Durante el primer siglo, luego de la Independencia, la horca (importada de Gran Bretaña) era el método elegido, sin embargo, pelotones de fusilamientos eran contratados ocasionalmente. Después, un poco antes del inicio del siglo pasado, la electricidad transformó la vida de las ciudades -y a la pena de muerte también. A pesar de eso, en ese momento y ahora, había sentimientos encontrados alrededor de la práctica.
Thomas Edison, temiendo asociaciones negativas por el uso de su corriente continua, propuso utilizar la tecnología de su rival George Westinghouse, la corriente alterna, para lo que se convertiría en la silla eléctrica. Preocupado por lo mismo, Westinghouse financió la apelación del primer sentenciado a morir en una silla eléctrica, pero no tuvo éxito. En 1890, en Auburn, Nueva York, William Kemmler, acusado de matar a su concubina, se convirtió en el primer estadounidense en ser ejecutado por electrocución. De acuerdo a una macabramente fascinante base de datos de las ejecuciones en Estados Unidos, desde 1608 hasta el 2002, compilada por M. Watt Espy y John Ortiz Smykla, cerca de cuatro mil personas siguieron a Kemmler a la silla. La cámara de gas comenzó a usarse en 1924, en Nevada y, a pesar del mandato de la Corte de 1890, ambos métodos, aunque se refinaron con el tiempo, tuvieron fallas constantemente. En la década de los ochenta, estos métodos eran todavía más defectuosos debido a una asociación con Fred Leuchter, Jr., un ingeniero autodidacta que suplía de equipo de ejecución a muchas prisiones y que resultó ser un negacionista del Holocausto.
El presidente de la Suprema Corte, en su resolución del 2008, escribió que “el pelotón de fusilamiento, la horca, la silla eléctrica y la cámara de gas, habían dado, cada uno en su momento, paso a métodos más humanitarios, culminando en el actual consenso de la inyección letal“. Estos sugiere un proceso más lógico del que realmente ocurre. En 1977, legisladores en Oklahoma le pidieron a Jay Chapman, el médico examinador, que sugiriera un método más contemporáneo de ejecución. Como el mismo Chapman le diría después a Deborah Denno, una profesora de la escuela de leyes de Fordham, él era un “experto en cuerpos muertos, no un experto en llevarlos a la muerte“. De cualquier forma, él ideó lo que se convertiría en el “protocolo de tres sustancias“. El prisionero es inyectado primero con tiopentato de sodio, un barbitúrico anestésico; luego con bromuro de pancuronio, un relajante muscular; y, finalmente, con cloruro de potasio, lo que produce un paro cardiaco. El protocolo de Chapman fue utilizado por primera vez en Texas, en 1982, y se convirtió rápidamente en la medida utilizada a nivel nacional.
Sin embargo, en años recientes, las complicaciones han aumentado. En el año 2009, Hospira, Inc., el único productor estadounidense de tiopentato de sodio, detuvo la producción de la sustancia en su planta de Carolina del Norte. La compañía intentó mover su producción a Italia pero el gobierno de esa nación, que prohibe la pena de muerte, exigió garantías de que ninguna de las sustancias vendidas por la compañía sería utilizada para ejecuciones. Hospira se vio imposibilitado para llevar a cabo el acuerdo -pero afirmó no aprobar ese uso de cualquier forma.
Lo que siguió fue una comedia negra de desesperados intentos por parte de los oficiales de la prisión para poder hacerse de tiopentato de sodio. Bajo presión de las autoridades europeas, las farmacéuticas comenzaron a negarse a proveer de aquella sustancia a los oficiales. Por un tiempo, los estadounidenses obtenían la sustancia de un intermediario en Londres que compartía la oficina con una escuela de manejo. Después, en 2012, una corte federal le ordenó a la Agencia de Drogas y Alimentos (FDA), que prohibiera su importación debido a que la fuente no podía ser correctamente certificada. Algunos estados ya había reemplazado el tiopentato de sodio con el barbitúrico pentobarbital, pero Dinamarca, la única productora de la sustancia, se había negado a venderla si se utilizaba para ejecuciones.
Missouri entonces adoptó un protocolo con una sola sustancia, una sobredosis de propofol, una sustancia bien conocida que se usa en la administración de anestesia (Michael Jackson habría muerto por una sobredosis de propofol). Aquí, también, un productor de la sustancia se había negado a proveerla, argumentando que el uso de propofol en ejecuciones “independientemente de su fuente, podría llevar a sanciones por parte de la Unión Europea que podrían amenazar el abastecimiento de la indispensable sustancia [para uso anestésico]”. Ahora, siete estados han tenido que recurrir al oscuro mundo de los fármacos compuestos [aquellos destinados a un paciente en específico, preparado por el farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplir expresamente una prescripción médica]; estos fármacos pueden obtenerse sin la supervisión de la FDA. El riesgo de que estas sustancias estén contaminadas o no sean suficientemente efectivas, es considerable.
Este comercio macabro se lleva a cabo en contra de grandes cambios acerca de la opinión estadounidense sobre la pena capital. Gallup llevó a acabo una encuesta acerca de la pena de muerte desde 1936. En 1944, ochenta por ciento la aprobaba, el número más alto en los registros; en 2013, el sesenta por ciento la aprobó, el número más bajo desde 1972. Este año será el cuarto consecutivo en que hubo menos de cincuenta ejecuciones, mucho menos que el pico de 98 ejecuciones alcanzadas en 1999. La población de condenados a muerte se ha mantenido estable, alrededor de tres mil, a lo largo de una década. Fiscales de distrito y abogados de defensa coinciden en que el jurado, humillado muchas veces por las exoneraciones por ADN en los años recientes, imponen sentencias de muerte con menos regularidad [muchas veces se sentencia a un acusado debido a reconocimiento facial pero, con los avances tecnológicos, se han hecho pruebas de ADN y descubierto que muchos eran inocentes].
315 sentencias de muerte fueron dadas en 1994; apenas 78 en 2012. Durante el mismo periodo, la tasa de asesinatos disminuyó, tirando el argumento vacío de que la pena de muerte funciona como un disuasivo. Existe ahora una cierta zona gris, una desvanecida pero aún significativa presencia de la pena de muerte en la forma de vida estadounidense. Parafraseando la octava enmienda, las ejecuciones siempre han sido crueles; ahora también son inusuales.
La búsqueda contradictoria por ejecuciones humanas sólo acentúa los absurdo que es permitir la pena de muerte en sociedades civilizadas. Es entendible que la suprema corte haya intentado hacer el proceso un poco más llevadero y sí, hay un tímido progreso en cambiar la silla por la camilla. Sin embargo, el hecho esencial acerca de ambos es que vienen acompañados de cinturones de cuero para atar un ser humano y así el estado pueda asesinarlo. Ninguna tecnología puede hacer este proceso menos grotesco.
Publicado en The New Yorker el 23 de diciembre de 2012