Como ya te imaginarás, la discusión sobre la reforma energética en el Senado no está siendo nada sencilla. Para que no sientas que llegas a mitad del partido y que no entiendes bien las reglas, recordemos rápidamente el contexto de la discusión, enlistemos lo que se está discutiendo particularmente, veamos qué podemos esperar de todo esto.
¿De qué se trata la reforma energética?
La reforma energética se divide básicamente en dos etapas, una que ya pasó y otra que se está desarrollando justo ahora. La primera, concluida en diciembre, consistió en un conjunto de modificaciones a la Constitución, particularmente a los artículos 27 y 28, en los que se habla del petróleo y de los monopolios de Estado. Estas fueron las dos modificaciones más importantes:
“La nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante acciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares.”
Modificación al artículo 28
“No constituirán monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas […] la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos 6 y 7 del artículo 27 de esta Constitución”.
Con esas modificaciones, quedó asentado en la Constitución por primera vez en décadas que las empresas privadas pueden participar en la exploración y extracción de petróleo a través de contratos con Pemex. Ya desde hace tiempo, Pemex podía sub-contratar empresas privadas, pero nunca bajo la idea de que compartiría con ellas las ganancias de la exploración, y mucho menos los propios recursos (petróleo o gas) que fueran encontrados como resultado de esa exploración.
Cuando se modifican artículos de la Constitución, se suelen agregar párrafos en que se especifican las nuevas instituciones y leyes que deben crearse para que los cambios se apliquen adecuadamente. Esos párrafos se llaman “transitorios” y están destinados a desaparecer una vez que aquellas leyes hayan sido redactadas. Esas leyes, llamadas “secundarias”, son las que especifican todos los detalles de la reforma constitucional y son las que se discuten actualmente. Podrían sonar poco importantes, pero como dicen, en los detalles está el diablo.
Los nuevos modelos de contratación con los que Pemex puede establecer negocios con empresas privadas, nacionales o extranjeras, son estos:
–De servicios. Estos son los contratos que ya se podían hacer. Se celebran con empresas particulares y no comprometen porcentajes de la renta petrolera ni de crudo. Los pagos son cubiertos de forma única y en efectivo.
-Utilidad compartida. Se compromete con la empresa contratada una parte de los beneficios de la venta del petróleo extraído. La inversión de los trabajos corre por cuenta del contratista, bajo su propio riesgo. Sus ganancias, por otro lado, dependen de las condiciones del mercado.
-De producción compartida o de riesgo. Se compromete con la empresa contratada un porcentaje de la producción de crudo, es decir, se ofrece un pago directo con petróleo. Peña Nieto había negado por completo este modelo durante el periodo de propaganda en favor de la reforma. Con todo, su bancada lo introdujo.
-Licencias. Durante el periodo de exploración, la empresa contratada estará obligada a hacer un mínimo (a determinar) de inversión. Una vez que descubra petróleo, elaborará un plan de desarrollo y explotación del yacimiento y se hará responsable de los recursos técnicos y económicos que la ejecución requiera. Cuando el yacimiento entregue producción, según se acuerde, la empresa puede pagar al Estado con crudo o con un porcentaje de utilidad. Este es el modelo que otorga más libertad al particular.
En otras palabras, al finalizar la reforma constitucional, quedó muy claro que ahora sería legal que las empresas privadas explotaran los recursos mexicanos y que se les podría pagar no sólo en forma de dinero, sino también de petróleo.
Según los transitorios de esa reforma, el Consejo de Administración de Pemex, que decidirá cómo se manejarán gran parte de los gastos que el Congreso asigne a la empresa, se conforma por 5 integrantes del gobierno Federal y 5 más nombrados por el Senado. Considerando que el Senado tiene mayoría priista, esto significa que la administración de Pemex será básicamente trabajo de Peña y para nada un proceso democrático que garantice que estamos tomando la mejor decisión a la hora de contratar.
En las leyes secundarias deberá asentarse cuál es el mínimo de control que tendrá el Estado sobre el petróleo. En Brasil, uno de los países citados como precedentes de la reforma en al exposición de motivos, la ley deja claro que en todo contrato, Petrobras (el Pemex brasileño) debe tener al menos 51% de participación. De esta manera, ese país logró asustar a los grandes monstruos del petroleo, como Shell, y atrajo compañías medianas dispuestas a aceptar el trato, lo que le da el beneficio de la inversión privada sin poner el riesgo el control sobre el petróleo.
Por otro lado, la misma Shell tiene preparado un contrato de entre 30 y 40 años para entrar en acción en México en cuanto la reforma sea aprobada y el Consejo Administrativo le otorgue la concesión. Esto demuestra que no podemos hacernos esperanzas pensando que se tendrá mano dura a la hora de otorgar concesiones. Al contrario, todo será, con seguridad, bastante holgado para ellas. Las leyes secundarias que actualmente se discuten son las que definirán el control que de hecho podremos tener sobre el petróleo, y representan uno de los puntos más delicados de la reforma.
Los transitorios también contemplan la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo, que se alimentará de los excesos en las utilidades de ciertos contratos que hayan resultado muy buenos, y del que se sacarán recursos para evitar inflaciones o rescates de emergencia a Pemex cuando los negocios hayan resultado ineficientes. Los que defienden este fondo, afirman que dará estabilidad a Pemex. Los que están en su contra, dicen que no será sino una “caja de pagos para las transnacionales”.
¿Cómo se discute la reforma?
Pues bien, la discusión lleva solo un par de días, pero según algunos, promete ser rápida (para bien o para mal). Primero se discutió cómo debía ser discutida, lo que tiene cierta lógica. Para este caso en particular, se eligió un método muy extraño, que la izquierda tacha de ilegal. El método consiste en discutir las leyes por paquetes temáticos (petróleo, electricidad, transición energética y administración).
Antes de que una ley sea aprobada, se le llama proyecto de ley. Cuando ese proyecto ha pasado por un cierto proceso, se convierte en un “modelo de prueba” que una cámara discute llamado dictamen. La aprobación de un dictamen primero ocurre en lo general. En este punto se presentan “reservas”, es decir, desacuerdos con el dictamen. Una vez que un proyecto se aprobó en lo general, se pasa a la discusión en lo particular, que es justamente cuando las reservas se debaten.
Ahora bien, las cámaras se encuentran divididas en comisiones. Las comisiones discuten proyectos de ley sobre temas específicos. La comisión de energía discute los temas energéticos, la de hacienda, los temas de impuestos, etc. Un proyecto debe ser discutido primero por las comisiones competentes. En este caso, se trata de la comisión de energía y la de estudios legislativos primera. Esas comisiones deben generar dictámenes. El proceso continúa con el pleno de la cámara, en este caso, el Senado. El dictamen que resulte de esa discusión más grande es votado y, si es aprobado es mandado a la otra cámara, en este caso, la de diputados, donde debe ser discutida y, en su caso, aprobada. Cuando todo esto haya ocurrido, todo el poder legislativo habrá discutido las leyes, y pueden ser aprobadas.
Por su parte, los diputados se encuentran discutiendo 7 leyes correspondientes al tema fiscal de Pemex y la CFE. Ellos serán los encargados de expedir la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública.
Lo singular del método que están usando los senadores para discutir esta reforma en particular es que, por primera vez, los senadores sólo podrán presentar sus reservas por espacio de 15 minutos, sin importar si han reservado 2, 3 o cien artículos. Esto es lo que la izquierda ha señalado como ridículo e ilegal, y le ha exigido a la presidencia de la cámara que anule las discusiones que tengan lugar bajo este modelo
Como la reforma energética no será una ley única, sino que consistirá en un conjunto de más de 20 leyes, los senadores decidieron discutirlas por bloques, 4, para ser exactos. Así, el 13 y 14 de junio discutieron las que se refieren al petróleo y electricidad, posteriormente discutirán las de la transición energética (proyectos para que no dependamos de las energías tradicionales) y luego las administrativas. Cuando todas hayan sido discutidas de manera general y estén listos los dictámenes de las leyes de cada paquete o bloque, el pleno del Senado deberá considerar las reservas a las leyes y las discutirá de manera simultánea. Así, cuando una ley afecte a otra, se harán las modificaciones correspondientes en las dos. Entre los días 9 y 15 de julio se aprobaron el resto de los dictámenes.
La votación definitiva de los paquetes de leyes de la reforma se realiza el día de hoy, 15 de julio de 2014.
¿Qué busca cada partido con la reforma?
La discusión no es nada fácil, porque cada partido tiene una serie de intereses que podemos resumir así:
El PRI está de acuerdo con todas las iniciativas de dictamen que envió el presidente.
La izquierda (PRD, PT) está en contra de todas y particularmente busca:
-Evitar que Pemex y la CFE pierdan control sobre sus recursos.
-Defender a los habitantes de los territorios afectados por exploraciones y construcciones de las empresas.
-Evitar que el poder ejecutivo tenga todo el control sobre Pemex.
-No crear el Fondo Mexicano del Petróleo, al que llaman “caja de pagos para la empresas transnacionales”.
El PAN tiene mucha influencia en esta discusión, pues ha condicionado su apoyo al PRI. Solo votará el dictamen si también se agrega esto:
-Que se otorgue el 1% de la utilidad obtenida a los campesinos, ejidatarios y otros afectados por las expropiaciones.
-Que los consejeros independientes de Pemex participen siempre en los proyectos de las empresas privadas.
-Que los consejeros elegidos por Peña lo sean por el Senado.
-Que el Senado ratifique a los órganos reguladores de los proceso energéticos y que no sea una tarea solo del presidente y las secretarías.
-Lograr una ley fuerte para la transición energética.
En otras palabras, el PRI busca una ley que dé muchas facultades al presidente a la hora de negociar con privados, mientras la oposición busca que los legisladores puedan tener poder y vigilancia en los procesos de contratación.
El día de ayer, la izquierda se negó a discutir las leyes sobre petróleo, porque argumentaron que al PAN le interesa más discutir con el presidente que con sus compañeros senadores y que el método de discusión es ilegal e ineficiente. En efecto, sería preferible para el PAN cerrar su acuerdo de modificaciones con Peña, porque los senadores del PRI apoyan incondicionalmente el dictamen que él presenta. Posiblemente, esto tuvieron en mente al probar el método de discusión, pues, ¿qué debate real pueden tener todos los senadores cuando solo se tienen 15 minutos para exponer puntualmente cada uno de los problemas de un paquete de extensas leyes?
Esta situación es preocupante, porque un partido, el PAN, parece reconocer básicamente como jefe del poder legislativo al presidente de la república. ¿Y la división de poderes, dónde quedó? Pero también inquieta que la izquierda no esté presente en el debate.
Con todo, y en ausencia del PRD y el PT, los senadores dieron por suficientemente discutida la ley de Hidrocarburos. Así, dieron paso a discutir leyes en torno a la electricidad. Esto no significa que la ley quede como la mandó Peña: la izquierda está planeando exponer todas sus reservas cuando llegue el momento de la discusión en lo particular, siempre que exista un momento así a la hora de votar las leyes dentro de diez días. Por su parte, el PAN reservó TODOS los artículos de la ley, pues afirma que no puede aceptarse un dictamen que afectará a leyes que aun están por discutirse. El pretexto del PAN es sólo una forma de decir que no aceptará ni una palabra de la ley hasta que sus condiciones sean cumplidas.
Para saber cómo se ha desarrollado la discusión hasta el momento, da clic aquí.
Vía: La Jornada, Crónica, El Economista, Canal de Congreso