Ben Emmerson, relator especial para la ONU exhortó al Gobierno y al poder judicial a dejar de aplicar la Ley Antiterrorista contra 85 indígenas mapuches.
Tras una visita oficial que comenzó el 17 de julio, Emmerson dijo que ley se ha aplicado de modo discriminatorio y confuso, “lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”.
Dictada en 1984 durante la dictadura de Pinochet para enfrentar a grupos de resistencia, la Ley Antiterrorista castiga con penas mucho más severas respecto a la legislación ordinaria casos de homicidios, secuestros, incendios y detonaciones de artefactos explosivos. En la práctica, entre otras desventajas procesales, la norma implica la utilización de testigos sin rostro en los juicios y, previo a estos, permite periodos más extensos de prisión preventiva.
Después del retorno a la democracia en 1990, la ley se ha aplicado sobre todo en casos contra activistas mapuches, quienes —entre otras demandas, como protección de sus lugares sagrados y derechos de aguas— reclaman la restitución de los territorios despojados por la fuerza por el Estado chileno. Según el periódico La Tercera, los incidentes —enfrentamientos con la policía, ataques incendiarios a camiones y casas y cortes de caminos— aumentaron un 76% entre 2009 y 2012 en la región de La Araucanía, ubicada a 700 kilómetros al sur de la capital. En la zona viven 500.000 mapuches, mientras que en todo Chile son 1.500.000, poco más del 10% de la población total del país.
En 2009, durante el Gobierno de Michelle Bachelet —la más probable ganadora de las elecciones presidenciales de noviembre próximo—, que también recurrió a la normativa en casos de violencia en La Araucanía, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ya había instado al Estado chileno a no aplicar la polémica ley contra mapuches.
Tras su visita de 14 días a Chile, Ben Emmerson pidió además un reconocimiento constitucional para el pueblo indígena dentro del Estado chileno y, “en un plazo definido y relativamente breve”, llamó a crear una “estrategia nacional” para afrontar el conflicto a largo plazo.
Además, el relator de la ONU pidió terminar con el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía en los allanamientos a las comunidades e hizo hincapié en la impunidad de la violencia contra los indígenas, destacando el caso de Matías Catrileo, un activista mapuche muerto en 2008 a causa del disparo de un carabinero. El agente no fue dado de baja de inmediato de la institución luego de ser identificado.
Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo del Estado chileno, comentó a este diario que se encontraba satisfecha con los planteamientos de Emmerson, pues apuntan a solucionar los problemas urgentes en la zona y también, a largo plazo, insta al futuro Gobierno —que tomará posesión en marzo del año próximo— a ofrecer una solución integral al conflicto. “Coincidimos en que, sin defender la impunidad, creemos que judicializar el problema no es la forma de resolver el conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches”, dijo Fríes.
Vía: El País