Han transcurrido 812 días desde aquel terrible 26 de septiembre en el que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos. A lo largo de estos 2 años, 2 meses y 19 días se han postulado varias versiones y teorías sobre la desaparición de los alumnos: pasando de la inconsistente verdad histórica del exprocurador Jesús Murillo Karam a la siniestra aparición de Tomás Zerón en el río San Juan, de La noche más triste del periodista Esteban Illades a la investigación del periodista Héctor de Mauleón, hasta llegar a La verdadera voche de Iguala, de la periodista Anabel Hernández.
En el libro de la reportera, que actualmente reside en Estados Unidos tras recibir numerosas amenazas en su contra debido a su labor periodística, se devela una investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) que detalla las inconsistencias e irregularidades de la dependencia en el caso Ayotzinapa y que no se hizo del conocimiento público por no contar con el visto bueno del presidente Enrique Peña Nieto.
El diario estadounidense The New York Times se posicionó ayer, 15 de diciembre, en el mismo sentido asegurando que el gobierno mexicano se ha negado a difundir un estudio interno que demuestra que los investigadores encargados del caso actuaron de manera contraria a la ley en la búsqueda de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa. La pasada afirmación la realizó la publicación con base en 177 páginas de un documento de mil 150 hojas realizado por la Visitaduría General de la PGR, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez Flores.
La conclusión de la revisión interna de la PGR tiraba por tierra la “verdad histórica” del Gobierno sentenciando que todas las actuaciones en el río San Juan eran inválidas porque “las ilegalidades cometidas antes y después de las inspecciones en el lugar tenían un efecto corruptor en la prueba“, publicó la reportera en los primeros capítulos de su investigación.
Chávez Flores renunció “abruptamente a su cargo” el pasado 12 de septiembre ante las presiones de la titular de la PGR, Arely Gómez, y del mismo Zerón para que cambiara las conclusiones de su investigación, afirma la periodista Anabel Hernández. Se tenía planeado que el informe fuera entregado a los padres de los 43 el 18 de agosto pasado. Sólo faltaba que se firmara el Acuerdo de Conclusión.
¿Qué es lo que contestó la PGR ante estas acusaciones?
A través de un comunicado, la dependencia desestimó el hallazgo de Hernández y The New York Times señalando que lo publicado “se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal” y que los documentos de los que hablan ambas investigaciones carecen de los requisitos legales y resultan “jurídicamente inexistentes”.
A las turbias diligencias en el río San Juan y el basurero de Cocula se le suman denuncias por violar el “derecho a la verdad”, el derecho de las víctimas a la justicia, el traslado y detención ilegal de los sospechosos. Las omisiones, irregularidades y deficiencias mostradas por ambos medios sobre el caso Ayotzinapa están impedidos “para ser considerados con la calidad de resolución formal” según la Procuraduría. Entre las conclusiones de la Visitaduría, se instruyó investigar al 27 Batallón de Infantería, aunque fue frenado por órdenes presidenciales, según la periodista.
¿Y por qué investigar al Ejército?
La hipótesis que teje la reportera en su libro La verdadera noche de Iguala postula que el Ejército tuvo una actuación primordial en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En el documento que desestimó la PGR se instruía investigar la actuación de las Fuerzas Armadas en la noche de Iguala, específicamente al capitán José Martínez Crespo, un militar cercano al exedil del municipio, José Luis Abarca, además de relacionársele con el crimen organizado.