Durante esta semana la opinión pública ha seguido de cerca las deliberaciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) en torno al trágico incendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo (Sonora) el 5 de junio de 2009, en el que perdieron la vida 49 niños y resultaron lesionados alrededor de 100. La guardería “funcionaba” bajo la figura de la subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”) y hoy se sabe que esta operaba (como operan muchas más en la actualidad) sin apego a la regulación en materia de protección civil y sin las condiciones óptimas de seguridad.

Desde agosto del año pasado, la SCJN creó una comisión investigadora en uso de las atribuciones que el texto constitucional le concede. El ministro Arturo Zaldívar fue el encargado de elaborar el proyecto de dictamen. La investigación -según reportes- costó al erario alrededor de 7 millones de pesos.

En el proyecto elaborado por el ministro Zaldívar se identificó a 14 servidores públicos (entre ellos el ex-director del IMSS, así como el actual) como responsables de los hechos, señalándose puntualmente las normas jurídicas que violaron por acción u omisión. Zaldívar argumentó (entre otras cosas) que donde hay facultades para un servidor público debe haber responsabilidades (suena muy lógico, ¿no?).

La SCJN tuvo la oportunidad de ser enérgica, innovadora y dar a la ciudadanía razones de peso para confiar en las muy desgastadas y desprestigiadas autoridades del país, sin embargo no lo hizo; esta semana la SCJN evidenció que sirve para perderse en formalismos y eludir el desempeño de sus funciones. Por mayoría el Pleno decidió no seguir el proyecto de Zaldívar, y determinó no señalar a nadie como responsable de lo que la misma Corte identifica como “violaciones graves de garantías individuales”; se limitará a señalar qué personas resultan involucradas y se ha avalado el sistema de subrogación, no porque no haya irregularidades, sino porque el IMSS no tiene los medios económicos, materiales ni humanos para prestar el servicio de guarderías.

Una vez más, la SCJN creó falsas expectativas. El caso ABC se suma al del vergonzosamente célebre “gober precioso” y al caso Oaxaca (Ulises Ruiz) en los que la impunidad es el común denominador. La facultad de investigación de la SCJN ha resultado hasta el momento ociosa (y costosa) sin haber entregado hasta el momento resultados contundentes para el desarrollo de la justicia en este país ¡Que pena! Esperemos que pronto enmienden el camino, por el bien del país.

Por TRC