Si alguna vez han visto Orange is the New Black sabrán que estar en una prisión (por más de primer mundo y de bajo perfil que sea) es un infierno.
Las personas pierden sus derechos y se vuelven blancos fáciles para los abusos por parte de la policía, por los internos y por la misma sociedad (que pasa de ellos, y son abandonadas siendo privadas de su voz y de tener inherencia en el destino de sus propias vidas.
Si todo eso pasa en un sistema como el estadounidense ¿qué podemos esperar del mexicano? Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nos dice:
Un informe divulgado por la CNDH analiza durante los meses de febrero y marzo del 2014 las condiciones de 77 de las 102 prisiones del país que albergaban en ese momento a 11 mil 107 internas.
EL resultado es aterrador: las cárceles de mujeres en México son reinos gobernados por mafias. En ellas se abusa, se extorsiona e incluso se prostituye a las presas, quienes viven hacinadas, con grandes carencias de higiene y alimentación. En las prisiones de mujeres las violaciones de derechos son la regla.
La CNDH urge a corregir los problemas que conllevan una discriminación de la mujer que se agrava en las cárceles y denuncia que parte de estas violaciones e irregularidades ya fueron denunciadas en un documento del 2013, pero no se solucionaron (lo cual es alarmante ¿de que sirve una Comisión de Derechos Humanos que no puede obligar a las instituciones a respetar los derechos de los ciudadanos?).
La CNDH plantea 22 propuestas en las que pide tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas.
El informe está dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los gobernados, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al comisionado Nacional de Seguridad y subraya las deficiencias en la alimentación y la higiene, en el acceso al servicio médico o la atención a los niños.
También indica los problemas de malos tratos, abusos sexuales y cobros por seguridad por parte de “gobiernos paralelos” que en ocasiones son dirigidos por hombres presos en la parte masculina del reclusorio y quienes están vinculados con el crimen organizado.
La exclusión que vive el país, pero a nivel micro
Sin embargo, todo este escenario no es generalizado, sino que hay una diferencia entre una mayoría de mujeres que viven hacinadas, que duermen en el suelo entre cucarachas, chinches y ratas y que son obligadas a prostituirse y una minoría de mujeres que viven en celdas privadas con televisiones de plasma, microondas, refrigeradores y teléfonos celulares.
Tales irregularidades, según el documento de la CNDH, contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.
El promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14, El mayor número de irregularidades fueron presentadas en los Centros Regionales de Reinserción de Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, con 21.
No se atienden las recomendaciones por género
Sabemos que los hombres también viven privados de derechos humanos, pero las mujeres se ven mayormente afectadas, ya que no sólo son víctimas de violaciones a sus derechos como los hombres, sino que se ven acosadas y subsumidas por mecanismos que las violentan por su condición de mujeres (ya vimos que muchas son prostituidas por hombres que también están presos).
La CNDH advierte que el sistema penitenciario mexicano no atiende en la gran mayoría de los casos, de manera adecuada, a los requerimiento específicos por razón de género señalados en la norma vigente, por lo que las carencias se acentúan en los centros de reclusión que alojan mujeres.
Por lo mismo, el Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas.
¿Merecen esto?
Algunos pensarán que al violar la ley estas personas buscaron el desconocimiento de sus derechos, pero ¿es verdad esto? Los derechos humanos son derechos básicos que tienen todas las personas por ser… personas. Además, en un sistema como el mexicano en el que muchos inocentes viven tras las rejas (y muchos delincuentes viven en plena libertad), pedir que se respeten los derechos humanos en las cárceles es pedir que las personas inocentes que están en prisión, por lo menos tengan la garantía de sus derechos más básicos.
Si algo aprendimos de Orange is the New Black es que mucha de la gente que está en prisión solamente estuvieron en el peor momento, en el peor lugar, o tomaron una pésima decisión en un momento límite de sus vidas. La mayoría no son líderes de bandas criminales, sino personas que, probablemente, no tuvieron acceso a una buena defensa.
¿Es posible que nos importe tan poco la situación en la que están estas personas? ¿qué tal si el que está en el peor lugar en el peor momento somos nosotros o una persona cercana? Y aunque no lo fueran ¿no deberíamos exigir vivir en un país en el que se garantice el respeto de los derechos humanos de absolutamente todos?
Además el objetivo del las cárceles es la reinserción de los infractores, no la venganza. El Estado existe para proteger y reconstruir el tejido social, no para vengar. Cuando políticos como los del Partido Verde exigen venganza (con el tipo de sanciones que ofrecen sus campañas) lo único que están tratando de hacer es traducir un esquema de venganza en nuestras leyes, pero ¿qué no la misión del Gobierno es proteger y garantizar nuestros derechos? ¿Por qué permitiríamos que exista un Estado que viole los derechos de las personas en una división de los que merecen derechos y los que ya no son personas por una función de venganza?
Permitir la violación de los derechos de la gente que está en prisión es estar en pro de un Estado que puede ignorar y aplastar los derechos de un sector de la población ¿de verdad queremos darle este tipo de poder a los políticos mexicanos?
Al final, la gran pregunta es ¿esta vez el Estado mexicano hará caso de las recomendaciones y comenzará a garantizar el respeto de los derechos humanos de las poblaciones que están bajo su completo control?