Legisladores expresan su rechazo a la firma de ACTA

Senadores y diputados en la Comisión Permanente del Congreso buscan hoy un punto de acuerdo en rechazo a la sorpresiva firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) por parte del Gobierno Federal, el pasado 11 de julio en Japón.

Senadores y diputados en la Comisión Permanente del Congreso buscan hoy un punto de acuerdo en rechazo a la sorpresiva firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) por parte del Gobierno Federal, el pasado 11 de julio en Japón.

En dicho documento se solicita la comparecencia de Patricia Espinosa, secretaria de relaciones exteriores y al mismo tiempo se exhorta al presidente Felipe Calderón a realizar las acciones necesarias a fin de retirar la firma de México de la polémica iniciativa.

De acuerdo con los legisladores, esto podría resultar en una “restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad” de internet y como una limitante al acceso del servicio, además de calificar este hecho como una evidencia de la “postura autoritaria y unilateral que la actual administración ha asumido en su recta final”.

Entre los legisladores que suscribieron el punto de acuerdo, se encuentran Carlos Sotelo y Francisco Castellón (PRD); la senadora Beatriz Zavala (PAN) y el diputado Rodrigo Pérez-Alonso (PVEM); quienes en una parte del documento expresan:

Consideramos lamentable la decisión que ha tomado el Gobierno Mexicano de firmar el Acuerdo Comercial Anti Falsificación, pues con ello demuestra una falta de respeto hacia la relación que debe existir entre los Poderes de la Unión, pues el Poder Ejecutivo ignoró por completo el debate que se dio durante dos años en el Senado de la República, en el cual se escuchó a todos los actores involucrados e interesados en el tema del ACTA.

Recordemos que el tema de ACTA ya se había discutido hace meses en el congreso, incluyendo a expertos en el tema y grupos interesados, quienes en conjunto rechazaron tajantemente la firma de este acuerdo. Lo interesante de todo esto, es que no será el Congreso actual quien se encargue de tomar (otra vez) la decisión, sino el recién electo, lo que deja todavía más en evidencia la irresponsabilidad detrás de lo sucedido la semana pasada en Japón.

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