Como no hay policía confiable y limpia en México, necesitamos al Ejército en las calles. Como no hay policía capaz de enfrentar a la delincuencia organizada, necesitamos al Ejército en las calles. Aunque su presencia eleve los índices de violencia y violaciones a los derechos humanos, necesitamos al Ejército en las calles. No importa que no estén capacitados para realizar las funciones que se les encomiendan, necesitamos al Ejército en las calles. Mientras los militares estén en las calles no se profesionaliza a la policía, pero no importa, necesitamos al Ejército en las calles. De esto va la #LeyGolpista.
Estos son los argumentos principales de los legisladores que buscan la aprobación de la Ley de Seguridad Interior o #LeyGolpista, con la que se busca legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública —las cuales le corresponden a las autoridades civiles— y que debilitaría los contrapesos del Poder Legislativo y Judicial para vigilar y controlar la ejecución de sus tareas. Ya sea la propuesta del priista César Camacho y Martha Tamayo, el panista Roberto Gil Zuarth o el perredista Miguel Barbosa, las iniciativas tienen esos puntos en común.
De acuerdo con varios especialistas, la #LeyGolpista contempla que a las operaciones militares de rutina —como patrullajes, custodia de instalaciones estratégicas y asistencia a la población en casos de desastre— se les sumen “otras que puedan ser necesarias”. Así de ambiguo. En caso de que la propuesta se votara a favor, se facilitaría el uso arbitrario de la fuerza, sin que se pueda exigir rendición de cuentas o se pueda realizar una investigación al respecto, indica la investigadora de la división de estudios jurídicos del CIDE, Catalina Pérez Correa. Otro de los bemoles de la Ley de Seguridad Interior es que el nuevo marco normativo para el Ejército iría acompañado de una lógica de Seguridad Nacional, por lo que las acciones de los militares no serían transparentadas ni sujetas al escrutinio público, ya que no tienen la obligación de rendir cuentas.
Una alternativa a la #LeyGolpista
De esta preocupación es que nace #SeguridadSinGuerra, un colectivo formado por diferentes organizaciones, académicos y activistas que buscan impedir la aprobación de dicha iniciativa. A través de su portal, el colectivo invita a la ciudadanía a enviarle un correo a los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados para que voten en contra de la #LeyGolpista. En el mensaje dirigido a los diputados se lee: “como ciudadan@, me indigna y me preocupa que diputados y senadores aprueben una Ley de esta naturaleza al vapor y sin una adecuada discusión. Tomen el tiempo que sea necesario para entender el problema que enfrentamos de fondo, queremos que nuestros diputados y senadores legislen con evidencia, no con presiones ni pasiones”. Pueden sumarse a la petición en el siguiente enlace.
El grupo #SeguridadSinGuerra no niega la necesidad de que el Ejército y la Marina cuenten con un marco normativo para su actuación, aunque en lugar de la #LeyGolpista, proponen que se regule el artículo 29 de la Constitución —el cual estipula la suspensión de garantías— y asumir que la intervención de las Fuerzas Armadas siempre establece un estado de excepción. De acuerdo con los especialistas, el estado de excepción debe ser “acotado territorial y temporalmente”, además de contar con controles, una evaluación permanente y objetivos claros. Es decir, que la intervención militar sea tratada como una medida extrema que es empleada para enfrentar un gran riesgo contra la democracia, “la cual sólo es tal si la seguridad pública y la impartición de justicia están en manos civiles“, indica el político perredista Fernando Belaunzarán.
Algunos datos para entender #SeguridadSinGuerra:
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2006 a 2016, se han registrado 10 mil 751 quejas y se han emitido 146 recomendaciones en contra de las Fuerzas Armadas. Desde que inició la intervención militar para combatir el narcotráfico, han desaparecido más de 30 mil personas (sin contar a los migrantes), según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Más de 287 mil personas han sido desplazadas por la violencia y la estrategia de seguridad con intervención militar.