Antes de que el gobierno de la CDMX salga a presumir que ya alcanzó un acuerdo reparatorio con la familia de Sofía y Esmeralda (las chicas que murieron al caer a una coladera), la madre avisa que ni siquiera se hicieron las negociaciones con la persona responsable de las jóvenes.
María Elvira Canchola Montoya, madre de Sofía y Esmeralda, pidió deshacer el acuerdo que alcanzó el padre de las chicas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAVI) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Según la señora, aunque padre biológico de las menores, el hombre identificado como Enrique Sánchez Enriquez carece de “interés jurídico”. Es decir, él no era responsable de las chicas.
Él “nos abandonó” hace 15 años y perdió la custodia, acusó la madre de Sofía y Esmeralda al acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para solicitar al Ministerio Público dejar sin efecto el mencionado acuerdo.
“Nunca dio ninguna pensión alimenticia para ellas y un juez determinó la guarda y custodia a mi favor”, agregó la madre de las chicas que, trágicamente, murieron al caer en una coladera sin tapa ubicada en las cercanía del Palacio de los Deportes. Las chicas se dirigían al concierto de Zoé, el pasado 10 de noviembre del 2022. De ahí que, por negligencia de algún funcionario que no se hizo cargo de atender la falta de tapa de la coladera (más otros muchas desatenciones), ocurrió la desgracia.
La madre de Sofía y Esmeralda señaló que las autoridades de la CDMX “mañosamente” eligieron al padre de las chicas para negociar el acuerdo reparatorio. Según lo que insinuó la señora, lo hicieron para resolver el problema lo más pronto que se pudiera. Fue “una negociación en lo oscuro”.
“¿Cómo puede ser que el gobierno y CEAVI sean tan patrañas y hagan esas cosas para quitarse la responsabilidad?“, cuestionó la madre de las menores, quien, además, acusa que las autoridades de la CDMX no la reconocen a ella como víctima indirecta.
La madre de Sofía y Esmeralda solicitó (por cuarta ocasión, según indica La Jornada) que el Ministerio Público encargado del caso haga llegar a la CEAVI su petición para ser reconocida como víctima indirecta de lo que ella califica como “una irresponsabilidad del ejercicio del servicio público y sus autoridades”.