De acuerdo con un estudio publicado en el sitio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las autoridades capitalinas cocinan parte del desarrollo urbano de la Ciudad de México de una manera que resulta muy, muy, muy discreta… y, al parecer, próximamente la CDMX cambiaría su vida urbana y sus habitantes ni en cuenta.

Según la investigación desarrollada por Salvador Medina Ramírez para Ruta Cívica, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera ya mete mano en seis grandes polígonos estratégicos en los cuales ha decretado Sistemas de Actuación por Cooperación: la Doctores, San Pablo, Alameda, Tacubaya, Granadas y Santa Fe.

“Un total de 1,233 hectáreas que son controladas por fideicomisos privados, lo que las hacen totalmente opacas. Áreas equivalentes a 1.7 veces el tamaño del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o 4.5 veces el bosque de Chapultepec. Resalta que tres de ellas se encuentran en la delegación Cuauhtémoc (Doctores, San Pablo y Alameda-Reforma) al sumar 679 hectáreas, las cuales corresponden al 21% del territorio total de la delegación”.

 

¿Y qué $&%)@ es un “Sistema de Actuación por Cooperación?

Los Sistemas de Actuación por Cooperación (a.k.a. SAC) se “venden” como la ejecución y gestión de proyectos de mejoramiento urbano, cuyo principal objetivo es optimizar ciertas zonas urbanas con la intervención (y ayuda) tanto del sector público y como del privado.

Sin embargo, según la investigación de Medina Ramírez, en los seis polígonos de actuación señalados se lleva a cabo “el desarrollo inmobiliario de importantes áreas de la ciudad sin ningún tipo de control democrático, ni rendición de cuentas, y sin que ninguno de los decenas de miles de habitantes de estas zonas –y de muchos más que transitan por ellas– se enteren de esas decisiones gubernamentales que, inevitablemente, cambiarán sus vidas”.

En teoría, los SAC facilitan que se gestionen en lo oscurito porque su decreto evita realizar un diagnóstico público de la zona o que haya talleres de participación ciudadana en cooperación con el gobierno delegacional.

Tampoco se precisa una consulta pública del plan, ni su discusión pública y aprobación en la Asamblea Legislativa. ¡Ah!… Presentar detalles del plan que incluya los usos de suelo, obra pública, o cualquier otro etcétera: innecesario.

 

 

Esto no es nuevo. Desde 2012 el entonces Gobierno del Distrito Federal intentó echar a andar el Programa de Desarrollo Urbano (PGDU), pero fue cancelado gracias a grupos de organizaciones civiles, vecinales, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM) cuando todos acusaron la falta de discusión pública.

Sin duda es urgente un Programa de Desarrollo Urbano actualizado para la CDMX, pero tiene que ser uno en el que participe la ciudadanía. Sin embargo, parece que las autoridades tienen otros planes… como lo han demostrado al permitir desarrollos inmobiliarios irregulares, “(cuyas ganancias podrían ser de hasta 2,535 millones de pesos), de operaciones antidemocráticas y de intentos de privatización del espacio y bienes públicos, como el Corredor Cultural Chapultepec”, ejemplifica el estudio.

En realidad, recurrir a los Sistemas de Actuación por Cooperación no es ilegal, pero la denuncia busca que la gestión de los recursos destinados a estos polígonos se haga a la luz y en pleno conocimiento de la ciudadanía.

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