El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su segundo Informe de Gobierno y acá te decimos de qué habló y, por supuesto, qué fue lo que evitó decir.
Como no podría ser de otra forma, entre los invitados se contaron algunos ilustres representantes del Gobierno Federal, tales como el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong y el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles. También anda por ahí el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar.
Antes de que diera inicio el evento, Mancera dio un breve mensaje en solidaridad con los damnificados del huracán “Odile” en la península de Baja California.
Reafirmando lo esperado, el jefe de Gobierno comenzó por presumir lo mejor de su gestión: su polémica propuesta de aumento al salario mínimo, sí, ésa que no es más que una iniciativa y que ya ha causado resistencia entre empresarios y advertencias por parte del Banco de México. Se trata, ciertamente, de un tema delicado. Deben ser consideradas con mucho cuidado todas las posibles consecuencias de un aumento, de suerte que no conlleve a un decrecimiento económico o a una devaluación.
Con todo, está por verse la verdadera disposición de Mancera a elevar el salario mínimo, pues una legislación así sólo puede lograrse cuando el Estado haya investigado con toda certeza las verdaderas utilidades de las grandes empresas, dato radicalmente diferente al que ofrecen a Hacienda. Sólo de esta manera podrá determinarse el impacto real y podrá establecerse el aumento adecuado.
El aumento al salario mínimo se mantiene hoy en un cómodo estatus de proyecto.
Por otro lado, anunció que a partir de 2015, el Gobierno del Distrito Federal desaparecerá la figura de contratación de trabajadores eventuales y por honorarios. Esta decisión tiene un lado positivo, pues ayudaría a eliminar una de las puertas más comunes por las que se realizan pagos irregulares y corruptos a individuos cuya relación temporal con el Estado les permite encubrir con facilidad su delito. No obstante, esta medida también podría reducir la capacidad del gobierno y dificultar la contratación de personal capacitado.
Mancera señaló que su gobierno ha hecho inversiones en temas de seguridad, destinando 792 millones de pesos para adquirir 2 mil 600 nuevos vehículos, aumentando rondines y patrullajes. También fueron adquiridas mil 200 nuevas cámaras de videovigilancia y alarmas vecinales en algunas unidades vecinales. Con todo, no basta aumentar la vigilancia para terminar con el crimen en la capital. El tema de la presencia del crimen organizado sigue siendo objeto de debate. Mientras las autoridades capitalinas niegan su presencia, otros expertos, como Gabriel Regino García, ex subsecretario de Seguridad Pública del DF, afirman que los cárteles operan sin duda en la ciudad. Por su parte, la PGR afirmó recientemente que sus investigaciones no pueden confirmar la presencia del crimen organizado en la capital del país, mientras que el Gobierno Federal ha afirmado que los resultados de la investigación no le convencen.
Al abordar el incómodo tema de la Línea 12 del metro, cuyo servicio se encuentra suspendido en más de la mitad de su recorrido, el jefe de Gobierno afirmó, en un surreal intento por presentar la suspensión del servicio como algo positivo, que se trató de una decisión en pro de la salud y la seguridad. En los últimos días, el tema de las fallas de la Línea 12 ha renacido tras la publicación de la primera lista de funcionarios responsables, que serán castigados con suspensiones de entre 10 y 20 años del servicio público, incluyendo a la cabeza del proyecto, Enrique Horcasitas. Por su parte, la administración de Mancera ha sostenido que no tienen ninguna culpa en el asunto y ha buscado a los culpables entre los miembros de la administración de Marcelo Ebrard. La semana pasada, el ex jefe de gobierno retó a actual a mantener una discusión pública sobre este problema, pero el último se negó.
Algo en el mismo sentido sostuvo Mancera sobre la modificación al programa “Hoy no circula”, que eleva las sanciones y suspensiones a la circulación de los vehículos en la ciudad. Se trató, afirma, de una política de salud. Lo cierto es que esta disposición fue tomada con sospecha por la ciudadanía, pues indudablemente beneficia a la industria automotriz, al promover la compra de modelos más recientes para evitar la suspensión.
Mancera también afirmó que su administración promueve la adquisición de la vivienda y que ha entregado 3 mil 400 nuevas casas o departamentos. Por otro lado, la oposición lo ha criticado por presentar una iniciativa que permitiría la construcción de casas de interés social en toda la ciudad sin garantizar que su precio no está sujeto a especulación en las colonias más ricas y sin contar con mecanismos que eviten que el subsidio termine en la construcción de viviendas de lujo para unos pocos.
Mancera también destacó la aprobación de su nueva ley de movilidad, presentándola como el resultado de una preocupación ambiental y que da preferencia al uso de la bicicleta. No anotó, por otro lado, que esta ley introdujo, sin debate alguno, todos los elementos por los que las anteriores iniciativas de leyes antiprotesta habían sido rechazadas por la Asamblea Legislativa y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A través de tal ley, las autoridades han ganado más control sobre la organización de manifestaciones en la ciudad y otorga facultades imprecisas a las fuerzas de seguridad través del uso vago y oscuro de expresiones como la “[Secretaría de] Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo de vías primarias de circulación continua”.
Mancera aplaudió el proyecto federal del nuevo aeropuerto y no hizo la necesaria crítica que debió expresar en su papel de alcalde en torno al serio problema de abastecimiento de agua de la ciudad, cuya única posible solución sería la recuperación del lago de Texcoco, que será ocupado por aquel nuevo edificio.