Miles de personas se manifestaron el día de hoy en la ciudad española de San Sebastián para denunciar el arresto de 16 personas acusadas de pertenecer a la organización armada separatista vasca ETA.
Las detenciones se hicieron hace unos días, entre las personas detenidas el lunes figuran 12 abogados que fueron puestos en libertad, no obstante, no podrán abandonar España ni visitar a los prisioneros de la organización armada en nombre del “colectivo de abogados” que garantiza su defensa.
Una gigantesca pancarta que abría la manifestación rezaba:
“Derechos humanos, solución, paz”
Según La Jornada, la llamada para participar en la marcha fue hecha por la coalición independentista EH Bildu, segunda fuerza del Parlamento vasco, por los sindicatos ELA y LAB y por el colectivo de familias de presos Etxerat.
Uno de los responsables de comunicación del partido independentista Sortu, Mikel Ansa, expresó:
“El Estado español quiere condenar a la sociedad vasca a una espiral de conflicto y aquí hay voluntad suficiente y mayoritaria para avanzar hacia una sociedad (…) en paz y democracia”
Los abogados detenidos están acusados de fraude fiscal, blanqueo y pertenencia a una organización terrorista. El ministerio del Interior los acusa de pasar a los presos las directrices de ETA.
Fue el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional quien decretó prisión incondicional para los tres tesoreros de la organización de apoyo a los presos Herrira, cuyas actividades suspendió la justicia.
Estas detenciones implicaron también el aplazamiento al 29 de enero de un importante proceso contra los miembros de la coalición Batasuna, considerada el brazo político de ETA e ilegalizada en España en el 2003, ya que muchos de la treintena de acusado se quedaron sin abogados defensores.
Según los acusados, esta es una treta de el presidente conservador, Mariano Rajoy, quien buscaría influir en la opinión pública a menos de un año de las elecciones legislativas. El movimiento del gobierno resulta más sospechoso cuando se considera que los abogados podían ser citados y no detenidos.
ETA, organización a la que se le atribuyen 829 muertes desde su creación en 1959, renunció a la violencia en octubre del 2011. Desde entonces Madrid y Paris exigen su disolución sin negociar el futuro de los prisioneros (como quiere la organización).
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