Michoacán: la guerra contra la información

El clima de violencia que en los últimos días ha sacudido a Michoacán y a los titulares de primeras planas contrasta fuertemente con la imagen que el gobierno federal intenta proyectar: la de un Estado fuerte y capaz de dar soluciones rápidas y de fondo a los problemas del país a través de un conjunto de reformas estructurales. El conflicto es la punta de una profunda y compleja red de crimen que se extiende mucho más allá de Michoacán, a través del país, hacia Estados Unidos y Asia; red que es mucho más compleja que el narcotráfico y que se esconde tras la bruma que la estrategia mediática del gobierno federal ha levantado sobre sus acciones.

El conflicto en Michoacán, no puede ser considerado de forma aislada, ni espacial, ni temporalmente. Los acuerdos y desacuerdos entre el crimen organizado, los llamados grupos de autodefensa, y el gobierno federal no son únicos de la entidad: dinámicas similares se viven en Guerrero y Tamaulipas, así como en zonas colindantes con Morelos y Jalisco.  La historia del auge del crimen organizado en la región se extiende a la última década del siglo XX y alcanza un pico en los primeros días de gobierno de Felipe Calderón.

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Los años 90 se caracterizaron por un aumento importante en la producción de drogas de distintas clases en el territorio nacional, luego de que la caída de los cárteles colombianos dejara atractivas vacantes en el mercado estadounidense. La actividad de las organizaciones mexicanas, tanto antiguas como incipientes, fueron determinadas por las condiciones geográficas y tecnológicas de cada región.

Michoacán presenta el cuadro más atractivo para el crimen organizado: colinda con los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato y Querétaro, México, Guerrero y al suroeste con el Océano Pacífico. De esta manera, la región tiene acceso tanto a la capital del país como al norte en recorridos relativamente breves. Sus condiciones templadas facilitan el cultivo de prácticamente cualquier cosa y lo más importante: posee un puerto cuya productividad en América sólo compite con Los Ángeles. Desde el puerto de Lázaro Cárdenas es posible embarcar toda clase de mercancía a cualquier costa del pacífico, incluyendo Asia.

Aunque en México existen más de 80 grupos delictivos que caen en la categoría de “crimen organizado”, en la actualidad, sólo el cártel de Sinaloa tiene como principal fuente de ingreso la venta de drogas. Existe una amplia gama de actividades delictivas en la que estos grupos ejercen poder: venta de armas, secuestro y extorsión son las más famosas, pero no necesariamente las más rentables. Como el Dr. Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado señala:

“Más allá de las definiciones académicas y técnico-jurídicas, una empresa criminal transnacional es un grupo organizado de personas físicas y morales que gestiona y realiza transacciones internacionales de bienes o servicios ilegales (productos de piratería y dinero falsificado) y de bienes o servicios legales (personas, automóviles, cigarrillos, o joyas), pero siempre por medios ilegales.”

Desde hace varios años, el crimen organizado mantiene un estricto control sobre importantes sectores industriales. En Michoacán, actualmente, los caballeros templarios controlan más de la mitad de la actividad minera, desde el nivel de la producción hasta la exportación a China, el principal importador de hierro del mundo, un negocio de 4 millones de toneladas anuales y con un plusvalor sin regulación alguna.

Tan sólo en el segundo semestre de 2006, en Michoacán, fueron reportados más de 500 asesinatos. Felipe Calderón, presidente electo, estaba dispuesto a caracterizar su administración como la que más combatiría a los cárteles. Tan sólo diez días después de asumir el ejecutivo y la comandancia suprema de las fuerzas armadas, y sin haber anunciado una política de guerra al narcotráfico durante su campaña, ordenó la puesta en marcha del Operativo Conjunto Michoacán, que tenía como objetivo realizar una intervención temporal de las fuerzas armadas en el estado con la intención de erradicar con prontitud el crimen organizado.

El Operativo Conjunto Michoacán ilustró la estrategia calderonista que sería implementada durante todo el sexenio: se trataba de atacar directamente a los miembros de los cárteles y no de concentrarse en su red comercial. En efecto, la persecución y captura de cabecillas deja sin tocar una estructura de acuerdos entre criminales, políticos y policías, a la vez que propicia el ascenso de cualquier otro personaje de entre amplio grupo que respaldaba al líder.

El narcotráfico se convirtió en sinónimo del crimen organizado y, a pesar de que el segundo es más amplio que el primero, la producción y venta de drogas acaparó las coberturas mediáticas. Así mismo, la publicidad gubernamental cobró un carácter moralino en torno al tema de las sustancias ilegales. De este modo, quedó establecido el siguiente encadenamiento de conceptos: el narcotráfico es la totalidad del crimen organizado, y es, a su vez, el único objetivo a atacar en cuestiones de seguridad. Esta ecuación tripartita permitió establecer un amplio rango de oscuridad mediática: mientras se prestaba atención al combate a las drogas, otras actividades ilegales, más fructíferas pero “éticamente menos condenables”, quedaron fuera del ojo periodístico.

Hace pocos días, Fuasto Vallejo, actual gobernador de la entidad, quien se mantuvo ausente del poder durante un prolongado periodo de tiempo por cuestiones de salud, debilitando la administración local, señaló de manera tajante y directa a Felipe Calderón, y a su estrategia, de ser la causa del estado fallido de Michoacán. El priista pidió recientemente apoyo del ejecutivo federal para atender la situación de violencia en la entidad, con un nuevo elemento en juego: las autodenfensas.

Desde 2011, distintas agrupaciones civiles, en comunidades dispersas, buscaron una forma de organización que lograse garantizar la seguridad de forma constante, frente a las intervenciones temporales de las autoridades federales y la corrupción en distintas esferas de la policía. El fenómeno que se inició en Guerrero, tuvo rápida resonancia en otras regiones del país, incluyendo Michoacán. El abuso sexual y la extorsión que los criminales ejercieron sobre los pobladores de comunidades campesinas y mineras sirvieron como catalizador para la organización.