El clima de violencia que en los últimos días ha sacudido a Michoacán y a los titulares de primeras planas contrasta fuertemente con la imagen que el gobierno federal intenta proyectar: la de un Estado fuerte y capaz de dar soluciones rápidas y de fondo a los problemas del país a través de un conjunto de reformas estructurales. El conflicto es la punta de una profunda y compleja red de crimen que se extiende mucho más allá de Michoacán, a través del país, hacia Estados Unidos y Asia; red que es mucho más compleja que el narcotráfico y que se esconde tras la bruma que la estrategia mediática del gobierno federal ha levantado sobre sus acciones.
El conflicto en Michoacán, no puede ser considerado de forma aislada, ni espacial, ni temporalmente. Los acuerdos y desacuerdos entre el crimen organizado, los llamados grupos de autodefensa, y el gobierno federal no son únicos de la entidad: dinámicas similares se viven en Guerrero y Tamaulipas, así como en zonas colindantes con Morelos y Jalisco. La historia del auge del crimen organizado en la región se extiende a la última década del siglo XX y alcanza un pico en los primeros días de gobierno de Felipe Calderón.
Los años 90 se caracterizaron por un aumento importante en la producción de drogas de distintas clases en el territorio nacional, luego de que la caída de los cárteles colombianos dejara atractivas vacantes en el mercado estadounidense. La actividad de las organizaciones mexicanas, tanto antiguas como incipientes, fueron determinadas por las condiciones geográficas y tecnológicas de cada región.
Michoacán presenta el cuadro más atractivo para el crimen organizado: colinda con los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato y Querétaro, México, Guerrero y al suroeste con el Océano Pacífico. De esta manera, la región tiene acceso tanto a la capital del país como al norte en recorridos relativamente breves. Sus condiciones templadas facilitan el cultivo de prácticamente cualquier cosa y lo más importante: posee un puerto cuya productividad en América sólo compite con Los Ángeles. Desde el puerto de Lázaro Cárdenas es posible embarcar toda clase de mercancía a cualquier costa del pacífico, incluyendo Asia.
Aunque en México existen más de 80 grupos delictivos que caen en la categoría de “crimen organizado”, en la actualidad, sólo el cártel de Sinaloa tiene como principal fuente de ingreso la venta de drogas. Existe una amplia gama de actividades delictivas en la que estos grupos ejercen poder: venta de armas, secuestro y extorsión son las más famosas, pero no necesariamente las más rentables. Como el Dr. Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado señala:
“Más allá de las definiciones académicas y técnico-jurídicas, una empresa criminal transnacional es un grupo organizado de personas físicas y morales que gestiona y realiza transacciones internacionales de bienes o servicios ilegales (productos de piratería y dinero falsificado) y de bienes o servicios legales (personas, automóviles, cigarrillos, o joyas), pero siempre por medios ilegales.”
Desde hace varios años, el crimen organizado mantiene un estricto control sobre importantes sectores industriales. En Michoacán, actualmente, los caballeros templarios controlan más de la mitad de la actividad minera, desde el nivel de la producción hasta la exportación a China, el principal importador de hierro del mundo, un negocio de 4 millones de toneladas anuales y con un plusvalor sin regulación alguna.
Tan sólo en el segundo semestre de 2006, en Michoacán, fueron reportados más de 500 asesinatos. Felipe Calderón, presidente electo, estaba dispuesto a caracterizar su administración como la que más combatiría a los cárteles. Tan sólo diez días después de asumir el ejecutivo y la comandancia suprema de las fuerzas armadas, y sin haber anunciado una política de guerra al narcotráfico durante su campaña, ordenó la puesta en marcha del Operativo Conjunto Michoacán, que tenía como objetivo realizar una intervención temporal de las fuerzas armadas en el estado con la intención de erradicar con prontitud el crimen organizado.
El Operativo Conjunto Michoacán ilustró la estrategia calderonista que sería implementada durante todo el sexenio: se trataba de atacar directamente a los miembros de los cárteles y no de concentrarse en su red comercial. En efecto, la persecución y captura de cabecillas deja sin tocar una estructura de acuerdos entre criminales, políticos y policías, a la vez que propicia el ascenso de cualquier otro personaje de entre amplio grupo que respaldaba al líder.
El narcotráfico se convirtió en sinónimo del crimen organizado y, a pesar de que el segundo es más amplio que el primero, la producción y venta de drogas acaparó las coberturas mediáticas. Así mismo, la publicidad gubernamental cobró un carácter moralino en torno al tema de las sustancias ilegales. De este modo, quedó establecido el siguiente encadenamiento de conceptos: el narcotráfico es la totalidad del crimen organizado, y es, a su vez, el único objetivo a atacar en cuestiones de seguridad. Esta ecuación tripartita permitió establecer un amplio rango de oscuridad mediática: mientras se prestaba atención al combate a las drogas, otras actividades ilegales, más fructíferas pero “éticamente menos condenables”, quedaron fuera del ojo periodístico.
Hace pocos días, Fuasto Vallejo, actual gobernador de la entidad, quien se mantuvo ausente del poder durante un prolongado periodo de tiempo por cuestiones de salud, debilitando la administración local, señaló de manera tajante y directa a Felipe Calderón, y a su estrategia, de ser la causa del estado fallido de Michoacán. El priista pidió recientemente apoyo del ejecutivo federal para atender la situación de violencia en la entidad, con un nuevo elemento en juego: las autodenfensas.
Desde 2011, distintas agrupaciones civiles, en comunidades dispersas, buscaron una forma de organización que lograse garantizar la seguridad de forma constante, frente a las intervenciones temporales de las autoridades federales y la corrupción en distintas esferas de la policía. El fenómeno que se inició en Guerrero, tuvo rápida resonancia en otras regiones del país, incluyendo Michoacán. El abuso sexual y la extorsión que los criminales ejercieron sobre los pobladores de comunidades campesinas y mineras sirvieron como catalizador para la organización.
El crecimiento y aglutinación de los movimientos de autodefensa, sin embargo, es un tema mucho más oscuro. Mientras algunos especialistas celebran el levantamiento, otros, como Erubiel Tirado, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana (UIA), opinan que se trata de grupos favorecidos por la administración federal para luchar contra el crimen organizado y de paso, establecer un régimen paramilitar.
De hecho, si bien las estrategias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto guardan múltiples similitudes, entre las que se cuentan mezclar funciones policiales y militares entre la PF y las fuerzas armadas, así como impulsar intervenciones temporales que acaparen atención mediática y que logren un número considerable de capturas para luego retirarse por largos periodos de tiempo; debemos señalar que, por otro lado, Peña Nieto ha intentado desligarse de aquel tono moralino y ha renunciado a la campaña de enaltecimiento de las armas para preferir una de exhibición del crimen por medio de la prensa institucional. Puntualmente: la condiciones de violencia en Michoacán no eran ni más ni menos graves hace un mes que hace dos o tres. No obstante, la cobertura de la prensa aumentó dramáticamente en las últimas semanas, lo que volvió urgente, en la opinión pública, la entrada de las fuerzas federales.
Después de un año de gobierno, la administración de Peña Nieto no ha logrado reducir la presencia del crimen organizado en Michoacán. Es más: se ha quedado de brazos cruzados ante el control de la minería que los Caballeros Templarios ejercen en el estado y que representa la mayor exportación de hierro al extranjero. Lo mismo aplica para el resto del país, en el que los Zetas, el Cártel del Golfo, el de Sinaloa y otros, siguen luchando por territorio. Por otro lado, el uso de los medios como herramienta para modificar las prioridades de seguridad tampoco ha cambiado: hoy, la discusión en torno al monopolio sobre la violencia que el estado debería ostentar frente a los grupos de autodefensa pesa más que el urgente problema que representa la ausencia de un plan claro y a largo plazo para desmantelar al crimen organizado.
En los últimos días, tras una campaña de exhibición de la violencia en Michoacán, el gobierno federal desplegó un amplio operativo en la entidad. Con más de 10 mil elementos, la PF y las fuerzas armadas tomaron Apatzingán, Uruapan y Nueva Italia. En ausencia de uno de sus más importantes líderes, Juan Manuel Mireles, hospitalizado en una clínica desconocida y vigilado por el gobierno federal tras un supuesto accidente en una avioneta, mantuvieron un diálogo con autoridades estatales y federales cuya conclusión, según los reportes, fue que cooperarían en la vigilancia, pero que cederían el uso de las armas a las autoridades. Los Caballeros Templarios salieron de la zona y se replegaron hacia las montañas, según las especulaciones de las fuerzas federales. La información, no obstante, no va mucho más allá ni es segura y las circunstancias de seguridad no son las más adecuadas para una cobertura más audaz.
Al tiempo que se desarrolla el conflicto armado, la oscuridad mediática crece. México ocupa el lugar 7 en inseguridad para periodistas a nivel mundial, tan sólo debajo de países como Iraq y Afganistan. La falta de condiciones que garanticen la libertad de prensa es responsabilidad del Estado mexicano, que debería de tener, como función primitiva, la defensa de los derechos fundamentales. Ya sea que la ausencia de acciones en este sentido sea deliberada y tenga como objetivo mantener controladas a las prensas locales, o bien, que se deba a una ineficiente estrategia de seguridad, una cosa es cierta: Peña Nieto no ha hecho lo suficiente no sólo para restablecer la paz, sino tampoco por permitir la transparencia de la información.
El ejecutivo se cuida de no utilizar conceptos como “guerra” o “conflicto armado”. Las grandes televisoras hablan de las fuerzas federales como las que habrán de regresar el orden en un estado fallido, pero no explican la naturaleza del conflicto, igualando en su discurso a las autodefensas y al crimen organizado. Su posición es clara: el desarme de las defensas comunitarias es necesario para restablecer el estado de derecho y regresar a la administración el monopolio de la violencia.
En este sentido, Televisa transmitió una declaración de Mireles en la que afirmaba que ordenaría el desarme de las autodefensas. Mireles llamaba ahí al gobernador “su amigo” y presentaba un aire desanimado. Posteriormente, el líder de las autodefensas ofreció una entrevista a cinco medios, entre ellos MVS, en el espacio del noticiario de Carmen Aristegui, en que desmentía aquella versión, y afirmaba que el desarme de las autodefensas no sería una premisa de la reinstalación del orden, sino una consecuencia: abandonarían sus actividades sólo cuando las fuerzas federales dieran muestras de eficiencia entregando “las cabezas” de los siete líderes de los Cabelleros Templarios.
A modo ingenuo, podemos preguntar, ¿cómo fue posible que Televisa transmitiera un mensaje que tan directamente entraba en contradicción con el posicionamiento de Mireles? Algunos hablan de presiones sobre el líder para emitir el mensaje, otros más de ediciones malintencionadas. Falta, por supuesto, la versión oficial de la televisora.
Por su parte, los grupos criminales, establecen también campañas “informativas” en las que expresan sus posicionamientos. Los Caballeros Templarios advierten de la entrada de inmigrantes chinos enviado exclusivamente para vigilar la explotación minera. Aseguran que los intereses de éstos extranjeros son peligrosos para la población. Así mismo, sostienen que las actividades del propio cártel tienen como objetivo proteger principios morales y regresar la paz a un estado en que la administración pública ha fallado.
En este video, el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez “La Tuta”, afirma que detrás de los grupos de autodefensa se encuentran cárteles enemigos, al tiempo que acusa al gobierno michoacano promueve el enfrentamiento de “pueblo con pueblo”:
El gobierno federal, los grupos de autodefensa y el crimen organizado: tres grupos en conflicto, luchando por el favor de la opinión pública en un espacio sin condiciones de credibilidad. De entre los tres, no obstante, es el gobierno federal el que no puede negar su responsabilidad y su deber ante los michoacanos ni ante los mexicanos en general.
Si en 2006, Calderón no se enfrentó a grupos de autodefensa, tampoco lo hizo contra medios de información alternativa. El crecimiento exponencial de los medios digitales y el uso de plataformas como el blog se volvieron populares en internet para hacer un contrapeso al discurso oficial y que tienen hoy un impacto importante. Según el diario Proceso:
“En Facebook, la página Valor por Michoacán se convierte en el auténtico termómetro de las versiones favorables a las autodefensas. En menos de medio día pasa de 10 mil a 12 mil 758 seguidores. Suben un video grabado en teléfono celular donde presuntamente elementos del Ejército disparan contra la población civil en su operativo “anti-autodefensas”. Para la tarde de este martes, ya era otra guerra por las cifras y la percepción: el Ejército y la Secretaría de Gobernación admiten que hubo dos muertos en los operativos iniciales, pero la CNDH acredita versiones locales donde mencionan a cuatro muertos en Antúnez, incluyendo a un menor de 11 años, civil”.
Es en medios de esta clase que la voz de los ciudadanos de Tierra Caliente ha encontrado un espacio para dar importantes declaraciones en torno a la intervención de las fuerzas federales en la zona. Entre ellos, destaca la del padre Gregorio López, encargado de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, perteneciente a la Diócesis de Apatzingán, quien afirmó que el mismo día de la intervención federal en Tierra Caliente, Nazario Moreno y Servando Gómez Martínez, lo dos líderes de los Templarios, se encontraban comiendo en un rancho cercano a Apatzingán y los militares lo sabían.
En estos mismo espacios, Enrique Peña Nieto ha recibido múltiples críticas por valerse de la asesoría de Óscar Naranjo, quien fuera director de la Policía Nacional Colombiana y responsable de la formación y entrenamiento de los grupos paramilitares que la administración de aquel país usó en el combate contra el crimen organizado.
¿Cómo llegó Michoacán al escenario de violencia que vivía en 2006 y que representó el pretexto perfecto para la cruzada mediática del gobierno federal?
La Familia Michoacana tuvo su origen como un aliado subordinado del Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más viejas del país que, desde los años 30, exportaba sustancias ilícitas a los Estados Unidos y que ejercía una indiscutible hegemonía en el comercio de drogas. Aprovechando una de las crisis internas del Cártel del Golfo, la Familia se unificó e independizó. Por su parte, el Cártel del Golfo contrató los servicios de un grupo de élite militar disidente a mediados de los 90, hoy conocido como los Zetas. Tras pugnas con el cártel, los Zetas también se independizaron y lucharon contra el Cártel del Golfo por territorio y por vínculos con mercados internacionales.
Cuando los Zetas buscaron entrar a Michoacán, encontraron simpatía en cierta sección de la Familia, pero también reticencia en otra de sus alas. De este modo, la Familia se separó en dos grupos: la Nueva Generación y los Caballeros Templarios. Estos últimos, enemigos de los Zetas y, simultáneamente, del Cártel del Golfo, son comandados por Servando Gómez Matínez, alias “la Tuta”. Tras fuertes enfrentamientos, ya bien entrado el sexenio de Calderón, los templarios lograron mantener el control sobre el importante bastión de la minería. Para conservarlo y garantizar la eliminación de todo obstáculo que pudieran encontrar en los procesos de exportación, los Templarios crearon una robusta red de corrupción que incluyera a funcionarios estatales y federales de aduana e implementaron un control tributario sobre los empresarios, en su mayoría canadienses, que poseen las concesiones de explotación del hierro. Todo ello mientras ejercían el narcotráfico.
Por su parte, el cártel de Sinaloa extendía su domonio hacia el sur del país. Comandados por el Chapo Guzmán, protegidos por la DEA (según demuestran datos recientemente revelados), armados con el arsenal del operativo Rápido y Furioso y aliados con cárteles locales, lograron una importante presencia en Michoacán.
La lucha territorial, las alianzas internacionales con las autoridades estadounidenses por un lado, y los corporativos chinos por otro, así como el control sobre las autoridades locales, propiciaron un clima de violencia aparentemente imparable en el estado.
Tras todo lo anterior, podemos afirmar: mientras la estrategia de Enrique Peña Nieto no tenga como objetivo principal desmantelar las redes de corrupción en las que el crimen organizado opera y que se extienden mucho más allá del narcotráfico, no podrá exigirse con legitimidad el desarme de la sociedad civil ni garantizarse un derecho fundamental: el la información sobre los peligros reales que ponen en riesgo la integridad de un pueblo.
Vía: Sin Embargo, Proceso , CNN, El País