Con la firme intención de que las mujeres tengan menos ganas de denunciar agresiones en su contra, legisladores michoacanos dieron el visto bueno a la Ley de Ingresos 2018, cuyo artículo 24 dispone el cobro de servicios básicos que la Procuraduría local ofrece para, efectivamente, comprobar que fueron violentadas.
Según reporta Reforma, con mayoría de votos se aprobó la ley que contempla que, para alcanzar los 65 mil millones de pesos que necesitan para sacar pa’l gasto, no hay bronca en cobrar por servicios de la Procuraduría General de Justicia tales como certificados médicos, valoraciones psicológicas y visitas domiciliarias de trabajadores sociales. A 472 pesitos cada una de las chambas, según lo acordado. Con esto, evidentemente muchas mujeres la pensarán para denunciar agresiones en su contra, ya que además de armarse de valor para ello, tendrán que acudir al MP con aproximadamente mil 500 pesos en mano… y, así como está la situación económica de muchas personas, pues cómo.
Las mujeres violentadas en Michoacán deberán pagar hasta mil 500 pesos para comprobar las agresiones https://t.co/lyjz5AnB4r
— REFORMACOM (@Reforma) 28 de diciembre de 2017
“La mujer tendrá que estar llegando con casi mil 500 pesos en la mano para que le puedan generar los certificados que le van a seguir como prueba para darle continuidad y peso a su denuncia y a su demanda”, reprochó la diputada del Partido del Trabajo, Brenda Fabiola Fraga, haciendo referencia al artículo 24 de la Ley aprobada, el cual remata indicando que “el pago de Derechos por los servicios referidos en esta sección, se realizarán independientemente de que se emita o no el documento solicitado”. De acuerdo con el diario capitalino, antes aprobar la ley de ingresos, la petista reservó el artículo con el objetivo de proponer modificarlo y que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia fueran exentas de cobros. Sin embargo, nos la batearon con 33 votos en contra y sólo cuatro a favor.
Al darse a conocer que, además de violentadas, las michoacanas serán “robadas”, no se hicieron esperar críticas de diversos frentes. Debido a esto, la Procuraduría estatal se apresuró a publicar un comunicado en el que asegura que “las certificaciones médicas y valoraciones que realice con motivo de investigación y persecución del delito son y seguirán siendo gratuitas”, ya que lo avalado por los legisladores contempla “exclusivamente costos por pago de derechos de pruebas periciales requeridas por las autoridades o particulares ajenas a la investigación y persecución del delito y cualquier otra análoga”, tal como lo indica su Ley Orgánica… pero cuál, en lo aprobado en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 (acuérdense que al proyecto no se le metió mano), no se hace ninguna especificación. Como está escrito, el cobro es parejo:
Para justificar el cobro de esos servicios, los diputados de Movimiento Ciudadano y PAN – Daniel Moncada y Héctor Gómez, respectivamente- señalaron que, de no hacerlo, el presupuesto quedaría “descuadrado”. Por su parte, El Universal indica que trató de conocer la opinión de las diputadas del PAN y PRD que forman parte de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos (que, por cierto, votaron a favor del cobro de los servicios), sin embargo, no tuvieron respuesta.