7 elementos militares fueron acusados por las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en Tlatlaya, Estado de México. Los 7 elementos ya se encuentran en libertad.
Esto de acuerdo a un comunicado conjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Articulo 19, Amnistía Internacional entre otras organizaciones sociales que señalan que el caso “se encamina a quedar impune”.
Las organizaciones mencionaron:
El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó.
La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso.
Señalaron:
La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente.
También lamentaron las “omisiones de la Procuraduría General de la República” que, “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos”, fragmentó la investigación “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.
Sin embargo, recordaron que varios procesos siguen abiertos:
En la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aquí pueden leer el comunicado completo. Definitivamente la impunidad está a la orden del día.