Ya que cobrar menos por el trabajo que realizan como ministros de  la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) va en contra de nuestra Constitución, los juzgadores desecharon la petición de la asociación civil “Somos Más”. Ésta fue realizada desde enero, en el marco de las protestas contra el “gasolinazo” y el alza a diversos productor y servicios.

“Tanto la SCJN como cualquier órgano constituido del Estado Mexicano se encuentran en constitucionalmente imposibilitados para reducir las referidas remuneraciones”, se apunta en la carta con la que se le dio respuesta a la asociación.

De acuerdo con el artículo 94 constitucional “la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Y pues ni modo… a cobrar más o menos 520 mil 011 pesos por mes que, más prestaciones de ley, deja un total de 4.2 millones de pesos al año. Ésa es la cruz que tienen que cargar en cumplimiento de las leyes del país. Tamaña carga la tienen que aguantar por los 15 años que señala la Carta Magna, sólo pudiéndose zafar de ella “en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”. Por si fuera poco, “al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro”.

Aplicando casi la misma que Javier Lozano, los ministros dieron a entender que, de disminuir sus despensas, podrían olvidarse de su ética profesional y caer en tentación de ser maiceados: “El monto de esas remuneraciones es un factor más que contribuye a que sus resoluciones se emitan en estricto apego al marco jurídico aplicable, sin influencias ajenas a este, como puede ser la determinación presente o futura del nivel de sus ingresos”.

Sin embargo, para que no digan que nomás están en el puesto por la lana, informaron que verán la forma de regresar al erario la cantidad de mil 900 millones de pesos. Claro, no de su salario, sino difiriendo proyectos de obra pública que ellos consideren no prioritarios, devolviendo excedentes y conservando las vacantes temporales. Además, podrían echarle tijera a sus viáticos… y ya.

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