Este jueves en conferencia de prensa, las Mujeres de Atenco hablaron sobre la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso Atenco y pidieron al gobierno en turno que cumpla con las recomendaciones hechas en el documento.

Señalaron que con esta sentencia hay esperanza de obtener justicia y recordaron que les tomó 12 años que una instancia les diera la razón porque dijeron “la verdad desde el primer día”.

Claudia Hernández, integrante del grupo, explicó que esta sentencia no es resultado sólo de la lucha que han emprendido sino del apoyo y solidaridad que les han dado. Por su parte, Italia Méndez afirmó que la lista de agravios es larga “pero nunca las vencieron porque la fuerza radica en la solidaridad y el apoyo mutuo”.

Paola Limón, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señaló que esta es una oportunidad y “una victoria para México”.

El subdirector del Centro Pro Derechos Humanos, Santiago Aguirre, explicó que esta sentencia es un llamado a que por fin haya medidas de no repetición, razón por la que el gobierno tiene que cumplir con ella.

Se señaló que la tortura sexual es una estrategia para romper a las personas, a los movimientos sociales y ejercer el control. Sin embargo, mencionaron que hace falta seguir hablando y denunciando la tortura sexual porque “faltan herramientas para acompañar a las víctimas de un Estado que no tiene embates”.

¿De qué va esta sentencia?

En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por haberlo encontrado responsable de violencia sexual, violación y tortura por el caso Atenco, mismo que ocurrió el 3 y 4 de mayo de 2006 en el Estado de México.

Durante el operativo perpetrado por policías municipales de Texcoco, del Estado de México y de la Policía Federal  fueron detenidas de manera arbitraria 11 mujeres. La denuncia es que durante su traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” las detenidas fueron sometidas a violencia sexual, por lo menos a siete de ellas.


La Corte reconoció que el Estado tampoco proporcionó atención médica adecuada por lo que está obligado a cumplir con las medidas de reparación.

Se deben continuar e iniciar nuevas investigaciones para encontrar con los responsables, así como una indemnización para el tratamiento médico y psicológico a las víctimas. Y no es todo, el Estado tiene que disculparse públicamente y reconocer su responsabilidad, entre otras cosas.