Por Frank Aguirre y Berta Díaz

Tenemos que hablar de políticas neoextractivistas en México hoy en día. Para hacerlo, vale la pena comenzar por entender qué son. Una política neoextractivista está basada en una alta dependencia de la extracción en grandes volúmenes de recursos naturales, destinada para su venta en el exterior. Sus dinámicas están basadas en la explotación, degradación y saqueo de recursos naturales; el despojo de tierras y regiones a habitantes (pobres, pueblos originarios y habitantes de zonas tanto urbanas como rurales) de las zonas donde se pretende explotar los recursos, arrebatando sus medios de producción, su sustento y forma de vida. Incluso, esto puede empeorar conflictos sociales debido a disputas por los derechos territoriales: el agua y los recursos naturales asociados.

En el mercado internacional existe un boom por hacerse de materia prima de forma barata y en masa lo más rápido posible. Esta demanda busca obtener energía (gas, petróleo), minerales (oro, plata), metales (cobre, coltán), productos agroalimentarios y otros recursos naturales para la industria. La especulación financiera sobre la compra-venta de los territorios donde estos materiales se encuentran impactan en el precio de las exportaciones de materias primas, generando ganancias exorbitantes para el capital extractivo.

Dada la interminable búsqueda del lucro, las actividades extractivas han explotado el subsuelo de estas regiones. Como resultado, Latinoamérica —en especial México— se ha convertido en escenario de importantes conflictos sociales por la defensa de los derechos territoriales de la tierra, el agua y los recursos naturales donde se encuentran estos minerales.

En San Luis Potosí, por ejemplo, el famoso cerro de San Pedro desapareció por completo tras literalmente haber sido volado en pedazos con dinamita, un icono tan importante en la memoria histórica de sus habitantes (presente en el escudo del estado) dejó de existir debido a la minería a cielo abierto. Habría que agregar que hubo personas que se organizaron por años para evitar que esto sucediera; sin embargo, sufrieron una violenta represión por parte del Estado, coludido con las empresas mineras. El hilo Atenco-Texcoco-NAICM es otra disputa de varios años por el agua y los usos y costumbres de los habitantes alrededor del lago. Aunque también hay localidades que han evitado la pérdida y contaminación de sus recursos vitales. El caso de Baja California Sur es un éxito a nivel mundial: Cabo Pulmo, una población que recuperó su fauna marina al mismo tiempo que evitó se desarrollara un complejo hotelero que amenazaba destruir el “acuario del mundo” y #DefiendelaSierra en La Paz-Los Cabos que resistió contra la minería a cielo abierto, que pretendía instalarse en un área natural protegida (Reserva de la Biósfera) donde se encuentra la fuente principal de agua para paceños y cabeños, quienes sufren por estar asentados sobre un desierto.

[tsplayer]

Imagen: Shutterstock

Al igual que en Texcoco, en la península de Yucatán o en Baja California Sur, la resistencia contra el neoextractivismo debe permear a nivel institucional y formar parte de la agenda en la  siguiente administración federal. Como dice María de Jesús Patricio, existe una obligación de cuidar el territorio, la vida y la dignidad de forma colectiva, por eso buscar los espacios para posicionar esta situación e incentivar al ojo público, a los medios y a las instituciones a discutir sobre el neoextractivismo, es esencial para los siguientes 6 años, porque la vida de nuestras comunidades depende de hablar del tema.

Interesarnos porque México está en la mira de varias empresas transnacionales desde hace décadas. Esas mismas empresas buscan extraer la mayor cantidad de ganancia posible al  dejar el mínimo de regalías al país. Con el menor cuidado del ambiente, y cero responsabilidades en cuanto a las consecuencias (contaminación, daños irreparables a la salud, y deterioro del suelo explotado) de los métodos utilizados para extraer dichos recursos. ¿Por qué? Porque en varios países desarrollados la forma en la que se extraen estos recursos están prohibidas, como son la minería a cielo abierto en ciertas regiones de Canadá y Estados Unidos, y el fracking en Europa; estas formas de extracción no se permiten debido a la contaminación del suelo y el aire así como daños a la salud que provocan los residuos tóxicos producto de la extracción de dichos minerales y materiales.

Alarmarnos: casi el 15% de territorio nacional está concesionado (para explotación y exploración minera). Lo que hace de buena parte del país vulnerable a las decisiones de consejos de negocios que ven por el bien de los mercados y no de nuestras comunidades. Los metales no renovables, los bosques la fauna, la selva, el agua, han iniciado un proceso de agotamiento que ya nos afecta. De ahí la importancia que adquieren las riquezas de recursos naturales y de biodiversidad en nuestro país y nuestra responsabilidad para mantenerlas para las próximas generaciones.

Involucrarnos porque éste sigue sin ser un tema de primera prioridad en las instituciones públicas y privadas. Ya vimos la emergencia hídrica en la CDMX durante los días del corte. Tampoco durante las campañas electorales éste fue tema de discusión, y eso que llevamos años sufriendo las consecuencias del neoextractivismo en México.

Las ganancias y utilidades de las empresas siempre serán la prioridad de sus directivos. ¿Qué nos queda cuando son dueños del 15% del país? Nos queda ver por ganancias no financieras, como lo son el medio ambiente y el futuro de nuestras comunidades.

*****

Frank Aguirre es miembro de EsPosible, organización de innovación y pedagogía política.

Berta Díaz es miembro de Wikipolítica CDMX, una organización política sin filiaciones partidistas.

Facebook: WikipoliticaCDMX | EsPosible

Twitter: @FrnkAguirre  | @BertisD