Nestora Salgado se postuló como candidata plurinominal al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES), sin embargo, su candidatura revivió el debate sobre su presunta responsabilidad en un secuestro.
La ex líder de la policía comunitaria estuvo en prisión por este caso, durante tres años. Y, finalmente, fue absuelta por las autoridades.
Ante la polémica de la candidatura de Nestora y las preguntas sobre cuál es su situación legal, Verificado2018 presenta las claves para entender el caso.
Cronología del caso
En octubre de 2012, en el municipio de Olinalá, Guerrero, la población formó la Policía Comunitaria, en respuesta a las extorsiones e inseguridad de la zona. Desde un inicio, Nestora Salgado García fue la líder.
La Policía Comunitaria está regulada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades indígenas del estado de Guerrero, donde se establece que esta policía tiene facultados para detener a presuntos criminales y someterlos a un juicio ante la Asamblea de la Comunidad, que fija una sanción basada en trabajos comunitarios.
El 21 de agosto de 2013, Nestora Salgado fue detenida por el Ejército, la Marina y la Policía Federal en Ayutla, por el delito de secuestro y delincuencia organizada.
Dos días después fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Nayarit.
Uno de los casos por los que fue acusada fue el secuestro de Eugenio Sánchez, habitante de Olinalá, quien había sido detenido por la Policía Comunitaria, acusado de robo de ganado. Sánchez cumplía el castigo de limpiar y realizar labores de cultivo en la Casa de Justicia, según la Asamblea de la Comunidad.
Otra acusación fue el secuestro de al menos 50 personas, cuatro de estas menores de edad. Al inicio, fueron señalados por formar parte del crimen organizado.
El 22 y 23 de agosto de 2013, debido a las denuncias de familiares de los detenidos, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo giró una orden de cateo para la Casa de Justicia de la localidad El Paraíso, municipio de Ayutla, el sitio en el que la policía comunitaria, a cargo de Nestora Salgado, operaba. En el lugar se liberaron a 42 personas.
La defensa de las personas que fueron privadas de su liberta dijo a Verificado2018 que los liberados “se encontraban injustificadamente privados de su libertad” y sustentaron que en ningún momento se aportaron pruebas, ante el Ministerio Público, de la culpabilidad de los detenidos.
Por su parte, Andrés Díaz Fernández, abogado y especialista en temas de pueblos indígenas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que en las leyes comunitarias: el sistema normativo de las comunidades indígenas es predominantemente oral y no obliga a llevar o avisar sobre los detenidos al Ministerio Público, pues las autoridades comunitarias tienen plena jurisdicción para poder actuar.
La defensa de las víctimas también denunció que la Policía Comunitaria pedía a los detenidos dinero, que iba desde los cinco mil hasta los 20 mil pesos, para ser liberados.
Al solicitar el dinero, de acuerdo con esta versión, se acreditó el delito de secuestro.
El abogado de Nestora, Leonel Rivero, explicó que los montos de dinero eran medidas para la reparación del daño por los delitos que habían cometido.
De acuerdo con Andrés Díaz, los pueblos indígenas también tienen autoridad para emitir sanciones privativas de la libertad o multa.
El 31 de marzo de 2014, el magistrado del Primer Tribunal Unitario con sede en Acapulco dejó sin efecto la acusación sobre crimen organizado, el cual era el único delito del ámbito federal que se le imputó a Salgado. Las investigaciones por secuestro continuaron su curso.
En 2015, ya siendo declarada inocente de delincuencia organizada, Nestora Salgado fue trasladada al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, en CDMX, y luego fue enviada a la Torre médica de Tepepan, para que fuera atendida por un padecimiento de columna.
Tres jueces de Guerrero determinaron su inocencia ante las acusaciones por los delitos que se le imputaron y, tras dos años y siete meses presa, Nestora Salgado fue liberada el 18 de marzo de 2016.
Sin embargo, la Fiscalía de Guerrero sostiene que todavía que hay dos causas penales por secuestro en contra de Salgado.
Leonel Rivero, abogado de Nestora Salgado dijo a Verificado 2018 que la exlideresa enfrentó siete procesos penales.
De éstos, cinco están concluidos: el de delincuencia organizada y cuatro más por secuestro. En todos los casos fue declarada inocente.
Los dos restantes siguen abiertos, explicó, porque el Ministerio Público interpuso dos recursos de apelación, en 2016, contra su liberación.
Rivero dijo que “ya han pasado prácticamente dos años y no se han podido celebrar ni las audiencias (para concluir los procesos) porque, según las autoridades, ha sido imposible notificar a las víctimas”.
“Sin pendientes”
La defensa de Nestora Salgado ha asegurado que no hay ninguna orden de detención pendiente:
“La única manera en que pudiera revertirse esta situación es que dichas apelaciones sean declaradas procedentes, y aún en ese caso, el Ministerio Público no solicitaría nuevamente la aprehensión, ya que Nestora Salgado podría pelear esas resoluciones con un amparo indirecto e incluso podría contar con el recurso de revisión”.
Así que mientras Nestora no sea detenida, ella puede ser candidata y senadora, de acuerdo con el artículo 38, fracción II de la Constitución, explicó Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral y especialista en derecho electoral.
Las voces en derechos humanos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió el expediente CNDH/2/2014/2343/OD como respuesta a las quejas recibidas el 7 de abril de 2014 por parte de cuatro personas detenidas por la Policía Comunitaria de de Nestora Salgado, identificadas por el organismo como Personas Sujetas al Proceso de Reeducación (PSPR).
Denunciaron haber sido víctimas de detención arbitraria, secuestro, abusos y trato cruel por parte de Salgado y otros policías comunitarios, así como haber recibido tocamientos, golpes y la exigencia de un pago de bienes a cambio de su libertad.
https://twitter.com/BuzzFeedNewsMex/status/986387554139189248
Entre los testimonios de las víctimas se incluyen los de PSPR1 y PSPR2, dos mujeres menores de edad que declararon ante el agente del Ministerio Público que fueron detenidas el 9 de junio de 2013 por Nestora Salgado y otros miembros de la Policía Comunitaria, con el argumento de que “se sabía que se dedicaban a vender droga y prostituirse”.
Ambas mujeres negaron la acusación. Sin embargo, según su versión, fueron despojadas de sus pertenencias y trasladadas al domicilio de Nestora Salgado García.
Respecto a los abusos, PSPR2 declaró que uno de los policías comunitarios le realizó tocamientos y que cuando lo intentó reportar, los demás policías comunitarios se rieron.
La CNDH emitió la recomendación 09/2016, dirigida a las autoridades del gobierno, al Congreso, a la Fiscalía General de Guerrero y al ayuntamiento de Olinalá.
“Sobre la situación de la policía comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, la detención de diversos integrantes de la Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, así como de la detención de personas por parte de esa Policía Comunitaria”.
Nestora Salgado durante su acto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de las UNAM Fotos: Alejandro Meléndez @alexmelon pic.twitter.com/Mqk43ZUbSP
— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) April 17, 2018
Entre las recomendaciones que hace la CNDH destaca que se debe asegurar el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, y pide delimitar competencias en materias de seguridad pública e impartición de justicia, y el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal.
La CNDH también exigió establecer las medidas adecuadas para la reparación del daño a Nestora Salgado y a los otros ocho policías comunitarios por las violaciones de derechos humanos acreditadas.
También se pidió que se investigue y, en su caso, se sancione a los servidores públicos involucrados en violaciones de derechos humanos, tanto de las autoridades estatales como indígenas del Sistema de Justicia Comunitario.
En enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de medidas cautelares, en las que ordenó a las autoridades de México proteger la vida e integridad personal de Salgado
En febrero de 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el arresto de Nestora Salgado se debió a sus actividades en la policía comunitaria, amparada en las leyes mexicanas y, por tanto, se consideró una detención ilegal y arbitraria.
Montserrat Sánchez / Verificado 2018