Citlali es una joven huichola de 13 años, originaria de una comunidad humilde del estado de Sonora, que el pasado mes de mayo fue agredida sexualmente por un compañero de trabajo de su padre, quien aprovechó que Citlali se encontraba sola en su casa para atacarla.
Ese mismo día, la valiente Citlali en compañía de sus hermanos, acudió a la policía para denunciar a su agresor. Como es bien sabido, el sistema de justicia mexicano se vuelve en ocasiones una verdadera pesadilla, sin embargo la niña de apenas 13 años cumplió con todos los procedimientos para que finalmente las autoridades certificaran la violencia física y el daño psicológico causado por el violador.
Tras verificar los hechos, el agresor fue consignado por el delito de violación agravada, no obstante la justicia no llegó para Citlali como ella esperaba. Según ha denunciado, en ningún momento de los procedimientos médicos que se le hicieron después del ataque, se le dio la pastilla anticonceptiva de emergencia o algún tratamiento para evitar infecciones de transmisión sexual, tampoco le informaron de su derecho a interrumpir el embarazo en caso de que éste ocurriera.
Recordemos que en todo México, el aborto está permitido en caso de violación. No obstante, el juez que recibió el caso, reclasificó el delito cometido en contra de Citlali como estupro, con lo que se afirma que la joven dio su consentimiento para la violación, condenando a la niña de 13 años a una contundente negativa de las autoridades de salud de Sonora para ofrecerle el servicio.
La presidenta de la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida, que asesora a Citlali, Regina Tamés, argumentó:
“Para fines de investigación es importante, pero para acceder a la interrupción legal del embarazo no. Ella fue víctima de una agresión sexual, y como tal, es irrelevante lo que el juez estime como delito penal. No hay impedimento legal para que las autoridades la apoyen”
La dirigente de GIRE explica que la Norma mexicana 046 sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres “no establece la obligación de denunciar la agresión sexual para poder acceder al aborto legal por violación”.
Sin embargo, y pese los argumentos legales presentados por los representantes de Citlali, las autoridades no han permitido el aborto, y la gestación sigue su curso.
Actualmente, México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE por los altos índices de abuso sexual, violencia y homicidios contra menores de 14 años.