Tal y como les habíamos informado hace unos días, un grupo de ejidatarios de Quintana Roo ganó un litigio con el cual lograron embargar los bienes que Telmex ilegalmente tenía dentro de sus terrenos. Muy fácil: “paguen la renta y se les devuelven sus cosas”, era la postura de los campesinos del municipio de Bacalar. Sin embargo, la gente de Teléfonos de México no negoció el asunto y ahora, con el plazo vencido, procederán a “desalojar”.
Ya que no se realizó el pago de 53 millones de pesos que la gente del ejido de Aarón Merino Fernández pide por el uso de sus tierras -cifra acumulada por más de tres décadas de no recibir ni un solo peso– los ejidatarios pueden hacer lo que quieran con la torre localizada en el tramo Bacalar-Mahahual. Aunque la idea todavía es negociar, la ausencia de gente de Telmex ha orillado a que se comiencen labores para desmantelar la antena que da servicio de internet y telefonía celular a miles de usuarios del sur del estado.
“El embargo es por la colocación indebida de una torre en el ejido desde hace más de 30 años y que ellos consideraban que ya había prescrito, pero los abogados de Telmex ignoraron que los bienes ejidales son inembargables e imprescriptibles, por lo que sus argumentos no son posibles”, señaló Gabino Andrade, abogado de los ejidatarios.
Sin embargo, advirtió, el retiro de la antena será tardado, ya que se necesita maquinaria y herramienta especial, tiempo que la gente del consorcio propiedad de Carlos Slim tiene para evitar el retiro de la torre.
Este conflicto no es nuevo, data desde 2006, año en que sin permiso Telmex levantó un cerco de alambre de púas para proteger una antena, esto en los terrenos del ejido Aarón Merino Fernández… ya que la cerca impedía libre entrada al ejido, se determinó cortar el alambre para construir una puerta que diera acceso a la parcela. En respuesta, la empresa de telecomunicaciones demandó penalmente a Juan Manuel Herrera –actual diputado del PRI- por supuesto ataque a las vías generales de comunicación, cargo que le valdría 30 años en prisión.
Una vez que Herrera acreditó la posesión legal del predio invadido por Telmex, las autoridades ejidales acudieron al Tribunal Agrario para exigir el retiro de la antena, así como el pago de los 32 años que la empresa utilizó su terreno.
Aunque al principio sólo se concedió el retiro de la torre, un amparo interpuesto ofreció una nueva resolución con la cual se pidió a Telmex 53 millones de pesos para cubrir “el pago de rentas y frutos civiles”.
*Vía La Jornada, Proceso / Foto: Sergio Caballero (Proceso)