Ya se cumplieron dos meses del enfrentamiento entre elementos de la policía y manifestantes en Nochixtlán, Oaxaca, mismo que dejó un saldo de ocho personas muertas y aproximadamente cien heridos. El conflicto se originó tras realizar un operativo de desalojo en la autopista federal que cruza el municipio.
En estos dos meses no ha habido gran avance en las investigaciones, aunque la Procuraduría General de la República haya atraído el caso —desde el pasado 6 de julio— y abierto 32 carpetas en la indagatoria. Ya pasaron dos meses a partir de la matanza del 19 de junio y todavía no se sabe quiénes fueron los responsables de las muertes.
De acuerdo con los avances de la dependencia, siete de las víctimas murieron por impacto de bala, mientras que otro presuntamente habría fallecido por culpa de un cohetón que le explotó cuando pretendía utilizarlo.
El problema es que todavía no se identifica de cuál de todos los bandos involucrados en la reyerta provinieron los disparos que dieron muerte a las siete víctimas que fueron asesinadas por utilización de arma de fuego.
Apenas el pasado 11 de agosto, la PGR exponía públicamente las certezas que han logrado conseguir sobre el caso: los civiles también dispararon contra las fuerzas de seguridad y los policías iban armados desde el principio, pero —según su versión— sólo se trataba de los elementos estatales.
Es aquí donde inician las discrepancias en las versiones de los elementos que actuaron en el enfrentamiento en Nochixtlán. Las diferentes declaraciones de las corporaciones policiacas se contradicen entre sí y parece que nadie se quiere hacer responsable de sus actos.
Según relata Animal Político, los elementos de la Policía Estatal de Oaxaca —400 uniformados, de acuerdo con el director de división, Juan Peralta— declararon que sólo iban a apoyar a la Policía Federal y se enteraron de la orden de desalojo hasta que llegaron al escenario donde se desenvolvió la gresca que dejó más de 100 heridos y ocho personas muertas.
Los estatales —señalaron— que su participación en el conflicto se limito a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que estaban armados con piedras, palos y cohetones. Ante las agresiones y presencia de “delitos en flagrancia”, se vieron obligados a detener los presuntos infractores.
Entre ellos, las personas que se encontraban en el panteón municipal cavando una tumba. Después de escuchar detonaciones de armas de fuego, refieren que retrocedieron hacia el primer punto de contacto “temiendo por sus vidas”.
Este enfoque se contrapone a la primera versión oficial de lo ocurrido en Nochixtlán, la cual señalaba que tanto la Policía Federal como la Estatal llegaron al sitio de manera “pacífica y dialogada”, tratando así de desalojar pacíficamente la carretera tomada por los simpatizantes de la lucha magisterial contra la Reforma Educativa.
Y que en las horas siguientes, grupos radicales respondieron a su intento de desalojo con reacciones agresivas: utilizando armas de fuego en contra de la población del municipio y las fuerzas de seguridad. Según esta primera verdad histórica, los policías iban armados exclusivamente con un equipo antimotín.
A finales de julio de 2016, surgió un parte realizado por la Gendarmería, una división de la Policía Federal que también tuvo participación en los eventos ocurridos en el lugar, donde señalan que los policías estatales iban armados desde un comienzo.
De acuerdo con el informe de la Gendarmería, los policías de Oaxaca no dialogaron con los manifestantes, sino que les ordenaron desalojar la carretera a través de un altoparlante, y fueron los mismos elementos de la entidad quienes conformaron la primera línea de avance para realizar el desbloqueo.
Gilberto Higuera, subprocurador de la PGR, señaló que los elementos que participaron en el desalojo portaban pistolas 9 milímetros —dos de las víctimas murieron por impactos de bala de ese calibre— mientras que otros policías portaban fusiles .223 —también se reportan víctimas que recibieron disparos con esas especificaciones—.
De acuerdo con Higuera, la dependencia ya cuenta con los datos completos para continuar su investigación en ese sentido y que en corto determinarán a quiénes les pertenecían las armas de donde salieron los tiros.
Al frente del contingente de policías —federales, gendarmes y estatales— se señala la presencia de una patrulla con seis oficiales de la entidad armados con el que murieron los pobladores, cuyo calibre coincide con la averiguación de la PGR.
La única certeza que tenemos sobre el caso es que los responsables aún no han sido castigados por las claras violaciones a los derechos humanos durante el desbloqueo en Nochixtlán. Estos dos meses después del enfrentamiento han estado inmersos por la opacidad de las instituciones encargadas de investigar el casi, así como la poca transparencia por parte de los elementos policiacos que estuvieron presentes en el conflicto.
Cada corporación ha brindado su versión oficial: estas se han contrapuesto y desdicho. Eso es lo único que sabemos a dos meses del enfrentamiento que dejó 8 personas muertas y más de 100 heridos.