No que necesitemos repetirlo, pero pareciera que no terminamos de entenderlo: las instituciones políticas, y especialmente la administración pública, están en una crisis profunda. A pesar de la irrupción de tecnologías que facilitan la gestión pública y dan voz a nuevos actores y causas, la brecha entre gobernantes y gobernados no hace más que agrandarse y las personas parecen contar cada vez con menos en la toma de decisiones.
En tiempos donde por medio de un teléfono celular tenemos todas las herramientas y conocimientos en la palma de nuestras manos, se esperaría que los gobiernos hubieran evolucionado hacia formas inteligentes que privilegien la colaboración con una sociedad que reclama su derecho a participar activamente en la vida pública. Internet nos permite dar mayor horizontalidad a la toma de decisiones, utilizando las contribuciones de las personas interesadas en incidir para solucionar los problemas que les aquejan. La participación en lo público no empieza ni termina en las esferas de gobierno, hay infinidad de caminos por recorrer y oportunidades por crear, pero lo cierto es que hay problemas que se pueden solucionar en nuestros congresos y administraciones, y es ahí donde deberíamos poder actuar.
Aún estamos lejos de una democracia digital, pero la modernización y eficiencia que hemos exigido a los gobiernos han creado nuevos espacios de acción donde no sólo podemos participar sino también crear colectivamente. Éstos son los laboratorios de innovación pública, unidades experimentales cuyo objetivo es, como el propio nombre lo indica, promover la innovación en los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Pero… ¿qué se hace exactamente en los laboratorios? ¿Qué es lo que los hace diferentes de otros esfuerzos de innovación?
Debemos aclarar que existen otras herramientas que son los laboratorios ciudadanos. Éstos son una metodología de formulación de soluciones a problemas públicos a través de la creación colectiva, facilitando espacios y discusiones entre las personas afectadas. Pero aquí hablaremos de los laboratorios de políticas públicas.
Su estructura y objetivos específicos varían de acuerdo al contexto al que respondan, pero en esencia comparten características similares. Son organizaciones donde se buscan y discuten políticas públicas experimentales que incorporan visiones distintas a las de agencias gubernamentales. Lo logran mediante equipos de trabajo multidisciplinarios, con un libre intercambio de información entre quienes los conforman, fomentando la colaboración por medio de estructuras horizontales y con flexibilidad en la gestión de sus recursos.
Lo que realmente les da un valor agregado es que, bajo ambientes controlados, experimentan continuamente tanto en formas de gestión pública como en soluciones puntuales a problemas específicos como movilidad, seguridad o medio ambiente. Esto no sólo permite administrar el riesgo que la innovación naturalmente trae consigo sino que, también, hace una evaluación rigurosa del proceso de experimentación y así saber qué tan progresivamente se pueden implementar proyectos en la administración pública en la totalidad.
Alrededor del mundo ya hay varios casos de éxito. Beth Simone, la encargada de coordinar la estrategia de datos abiertos durante la presidencia de Barack Obama, dirige en Nueva York el GovLab, un laboratorio enfocado en proveer a centros urbanos de instrumentos técnicos y digitales para hacer de sus ciudades sociedades más conectadas. Asimismo, en América latina los laboratorios se han extendido como parte de esfuerzos sobre todo de la sociedad civil para reclamar el espacio político que les corresponde. Por ejemplo, en Uruguay, el Laboratorio de Innovación Social, creado en 2015, ha logrado que casi el 100% de los trámites y servicios gubernamentales puedan hacerse en línea, mientras que, en Brasil, el Lab.Rio ha desarrollado nuevas herramientas de interacción entre ciudadanía y gobierno como Ágora Rio, una plataforma de propuestas ciudadanas de las que el gobierno local se nutrió para crear su programa de desarrollo.
En México ya hay varios laboratorios funcionando, entre ellos el Datalab, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE y el Laboratorio para la Ciudad, que sirve como área experimental del gobierno de la CDMX y ha logrado impulsar varias iniciativas, como la Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad Abierta, que reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos a participar en la agenda pública de la ciudad, y un mapeo integral del sistema de transporte público concesionado. Y aunque no es la intención hacer una evaluación propia de su funcionamiento, tan sólo el que existan da cuenta de la necesidad de hacer las cosas de manera distinta.
La gran crítica a los laboratorios de políticas públicas es que pocas veces se implementan las soluciones. Los convocantes típicamente no se responsabilizan por fondear o articular esfuerzos posteriores. El futuro de los laboratorios de políticas públicas depende de que el gobierno premie la innovación fondeando o vinculando las soluciones prototipadas. ¿De qué nos sirve encontrar las soluciones a nuestros problemas públicos si nadie se responsabiliza en ejecutarlas? Los gobiernos que innovan desarrollando estos laboratorios deben promover que estos experimentos sean implementados y garantizar que las buenas ideas tengan seguimiento.
Aunque los laboratorios pueden llegar a ser una de las principales herramientas de innovación pública, al día de hoy su implementación tiene que ver más con el uso de tecnologías específicas que con la mejoría de procesos administrativos. No que sean mutuamente excluyentes, pero sin un proceso de experimentación de por medio no pueden considerarse como tal. Sin embargo, el primer reto, el de atraer a personas no relacionadas a gobierno y traspasar las barreras burocráticas, ya ha sido superado. Ahora toca que las demandas ciudadanas por la transparencia se traduzcan en estrategias gubernamentales de modernización e innovación para beneficio de todos, y si los laboratorios logran conjuntar la diversidad de esos esfuerzos, entonces el camino ya está allanado.
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Georgina Ríos es miembro de Wikipolítica CDMX, una organización política sin filiaciones partidistas.
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