La Ley Chayote no se olvida y este día un ministro de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) admitió a trámite tres acciones de inconstitucionalidad, que tienen como objetivo invalidar a la Ley General de Comunicación Social.

Sin embargo, rechazó suspenderla.

Las demandas fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por algunos senadores y Movimiento Ciudadano (MC).

Además, el ministro Fernando Franco pidió a Enrique Peña Nieto y al Congreso que entreguen sus informes en 15 días hábiles.

Dicen “no a la Ley Chayote”

Los tres demandantes han argumentado que esta ley sirve al presidente del país para manejar a su modo los contratos de propaganda en los medios de comunicación así como los lineamientos.

La CNDH expuso que esta ley pone en riesgo la libertad de expresión, ya que de manera discrecional —o sea, “bajita la mano“—, el ejecutivo podrá establecer los criterios de asignación de la publicidad oficial en los medios de comunicación.

En cuanto a la demanda de Movimiento Ciudadano, el trámite de estas acciones no tendrá la atención prioritaria para asuntos en materia electoral. Además, la SCJN no resolverá este año las discusiones sobre la Ley Chayote.

Así que esta ley estará vigente en la nueva administración federal, que comenzará a ejercer a partir del 1 de diciembre.

Ley Chayote SCJN
Foto: Artículo 19

Y, entonces, ¿qué necesitan estos grupos para conseguir la inconstitucionalidad de esta ley?

Para invalidarla en su totalidad o algunos de sus artículos, es necesario el voto de al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN. Pero por lo pronto, el proceso está abierto con las tres acciones de inconstitucionalidad admitidas.

La Ley General de Comunicación Social fue promulgada por Peña Nieto el 11 de mayo pasado, en medio de las críticas de algunos partidos políticos, organizaciones civiles y analistas. Se supone que mediante esta norma, la regulación deberá sujetarse a “los entes públicos“, el Estado, para garantizar que el gasto en Comunicación Social sea eficaz, transparente y respete los topes de presupuesto.

Sin embargo, las organizaciones civiles señalaron que la ley fomenta y legaliza las malas prácticas en cuanto a la publicidad oficial en México.

**Foto de portada: Artículo 19

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