Por Diego Castañeda
Si hablamos de dinero electrónico, de dinero que ya no existe en el mundo físico y solamente son unos y ceros, muchos pensarán de forma casi automática que hablamos del bitcoin u otras criptomonedas, pero, en la realidad, desde hace mucho tiempo la forma en que se transmite el dinero en el mundo es de una u otra forma electrónica. Cuando un banco central le abre una cuenta a una institución financiera, un banco comercial por ejemplo, sus operaciones son electrónicas, cuando compramos algo en Amazon de igual forma estamos empleando información, no papel moneda.
No obstante, sí existen algunos aspectos en los que México está a penas caminando por los bordes de la modernidad. La revolución digital está transformando muchas industrias y sectores y las finanzas no son la excepción. Hoy en día, en muchas partes del mundo la llamada Fintech tiene un fuerte impacto en diversas economías. Quizá el caso más importante de aplicación de estas tecnologías es Japón, donde los sistemas de pagos electrónicos, los mecanismos de financiamiento colectivo e incluso algunas criptomonedas ya son de curso legal.
México justo se encuentra en el proceso de regular estas tecnologías. En estos días en nuestro país se busca aprobar un marco regulatorio con este propósito: la llamada Ley Fintech. El propósito de está ley es que las empresas que se dedican a proveer crédito de forma colectiva, fondear proyectos, mercados de criptomonedas, etc, puedan operar en condiciones de seguridad tanto para los negocios como para los usuarios. El objetivo que se argumenta detrás de esta regulación es múltiple; por un lado, es un claro intento de generar mayor competencia y penetración en el sector financiero. Darle acceso a servicios financieros a personas que hoy están fuera del sistema financiero y generar presiones competitivas para que los jugadores tradicionales del sector, los bancos e instituciones financieras tengan que adaptarse y mejorar sus servicios y sus costos (por ejemplo, las comisiones).
De forma adicional se dice que esta nueva regulación traerá consigo mayor innovación. Esta afirmación (sobre la innovación) posiblemente es la más debatible de entre lo que se busca como efecto de la regulación, no obstante, en lo general, un marco regulatorio bien elaborado que genere alguno de los beneficios anteriores es en principio una buena idea.
Sin embargo, la Ley Fintech tal como la conocemos hasta este momento (como proyecto a aprobarse en el Senado de la República próximamente y para posterior debate en la Cámara de Diputados) tiene algunos defectos que bien podrían limitar los beneficios que en principio se buscan obtener con la Ley.
En primer lugar, la Ley Fintech parece ser restrictiva en algunos aspectos de la tecnología a la que pueden tener acceso las empresas del ramo. Por ejemplo, al poner dificultades para la tercerización de servicios en la nube con empresas como Google o Amazon y requerir infraestructura localizada dentro del país. Este aspecto limita la capacidad de crecimiento de la industria, eleva sus costos de operación y, por lo tanto, los costos para los usuarios y compromete los estándares de seguridad.
Otro aspecto importante es que la Ley también es restrictiva en cuanto a que establece techos para la captación de recursos y para el volumen de recursos que los usuarios pueden acceder en algunos servicios. En general esto limita la capacidad de crecimiento de algunos negocios del sector, como los que atienden la demanda por créditos.
Dejando de lado ejemplos como los previos, la ley tiene un aspecto positivo importante, copia un modelo de regulación del Reino Unido denominado “Sandbox”, en la que se busca que las empresas de este ramo puedan crecer en un ambiente “seguro”, de acuerdo a la evolución de su industria y que pueda ser ampliado conforme el sector crece. El objetivo de esto es limitar el riesgo sistémico y el riesgo que los usuarios pueden enfrentar.
En general la Ley Fintech parece mostrar una gran preocupación por parte de Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la seguridad del usuario. Intenta limitar lo más posible los riesgos que los usuarios pueden enfrentar. Esta actitud por parte de los regulares es importante, pero se debe tener el cuidado de que no se vuelva un obstáculo a la competencia y que sirva como mecanismo de protección para los jugadores tradicionales del sector financiero.
La Ley Fintech tiene potencial para generar competencia y por esa razón es importante que cuando sea votada en las dos cámaras se apruebe sin que incluya obstáculos para ella. Los cambios tecnológicos que estamos viendo están redefiniendo la forma en que los servicios financieros están siendo provistos en la sociedad; en el futuro, incluso el rol de los Bancos Centrales en el mundo parece que será afectado por estas tecnologías. No es extraño ver llamados como el de la Directora General del Fondo Monetario Internacional sobre el rol de las criptomonedas o leer a antiguos banqueros centrales como el anterior gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, o economistas como Keneth Rogoff sobre cómo monedas como bitcoin están cambiando la forma en que se llevan a cabo las labores del banco central.
Si este año México se suma al grupo de países que comienzan a regular el uso de estas tecnologías deberá ocurrir en las próximas 2 semanas y, si es así, puede ser la puerta para tener un sistema financiero más inclusivo, que cumpla su tarea de canalizar el ahorro de unos en crédito de otros de forma más eficiente. Pero si no abrimos de forma correcta esta puerta, con la regulación adecuada –ni de más ni de menos–, quizá dejemos pasar una de las oportunidades valiosas para transformar uno de los sectores más rígidos, llenos de rentas y poderosos de la economía mexicana.
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Diego Castañeda es economista por la University of London.
Twitter: @diegocastaneda