Por Sofía Mosqueda y Dinorah Ortiz Cinco

La desigualdad entre hombres y mujeres es la consecuencia y manifestación de la reproducción constante –e histórica- de patrones de subordinación, que se manifiestan en micro y macro niveles, lo que implica que no sólo las relaciones individuales estén moldeadas por esta desigualdad, sino que las instituciones y estructuras del Estado también la reflejen y la reproduzcan.

Por lo tanto, como parte de los esfuerzos que se generan por parte del Estado, desde 2008 se instauró un anexo transversal, denominado Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre las mujeres y los hombres”, que destina anualmente una parte del Presupuesto de Egresos de la Federación a erogaciones específicamente diseñadas para fomentar y procurar la igualdad entre mujeres y hombres en el país. Éste se otorga a cada uno de los 26 Ramos administrativos del PEF en proporciones diferentes según los programas que tiene, las necesidades específicas, la rendición de cuentas y las solicitudes respecto de las acciones que llevan a cabo a favor de las mujeres.  

De acuerdo a La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el presupuesto destinado al Anexo 13 no puede ser reducido, solamente aumentado, año con año. Sin embargo, aunque se ha cuidado no disminuir el monto total del Anexo 13, analizando el desglose de cada uno de los programas y acciones a los que se destina presupuesto, se perciben detalles importantes. Este año el Anexo 13 tuvo, en el último minuto, cambios importantes respecto a los montos generales que se aprobaron en el Pleno de la Cámara de Diputados que pueden ser engañosos si no se hace una revisión fina de los programas presupuestales.

En apariencia, el total global creció en 75% para el 2018 respecto a 2017 con $47,918,431,177 pesos (lo cual representa solamente el 0.9% del PEF). Sin embargo, este aumento se debe principalmente al incremento en el programa presupuestal Pensión para Adultos Mayores; que pasó de $5,400,000,001 en 2017 a $14,658,594,238 en 2018. Esto implica que este programa represente el 41% del total del Anexo 13. Sin embargo, el programa de Pensión para Adultos Mayores no tiene perspectiva de género. La razón para etiquetarlo así probablemente responda a fines políticos.

En la versión final del PEF 2018 hubo reducciones en programas fundamentales para el avance de la institucionalización de la perspectiva de género, tales como el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) de la SEDESOL y Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del Inmujeres. Ambos programas dotan de recursos financieros a las instancias estatales y municipales de las mujeres, lo que advierte un retroceso a la instalación y seguimiento del trabajo que se hace fuera de la Federación.

Aun así, hay que reconocer que se incrementó en 120 millones la atención del cáncer de mama, cérvico uterino, de ovario y endometrio; y se destinaron 30 millones para la atención de la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Suponemos que es de reconocer que no se haya reducido el presupuesto de los programas destinados a Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de la SEGOB, y Salud materna, sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud, como estaba inicialmente programado en el Proyecto de PEF 2018.

También hubo un incremento sustancial en los ramos de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con $7,442,976 (un aumento 220%, que representa el 16% del Anexo 13) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con $4,100,149,974 (un aumento del ¡4556%! que representa el 8.74% de todo el Anexo 13). Ambos con incorporaciones de programas presupuestales que no estaban contemplados en el proyecto inicial del PEF 2018. Sin embargo, aún sería necesario revisar que la etiquetación del dinero que se hizo de último minuto esté destinado realmente a cerrar brechas de género y no solo a  destinar dinero a las mujeres.

Como en el resto del Presupuesto, falta ver que efectivamente los montos otorgados se empleen en lo que se etiquetan y que éstos efectivamente se ejerzan de manera que reditúe en beneficios para la población. Sin embargo, en materia de igualdad de género, es necesario que se establezca realmente cuáles son las prioridades para reducir las brechas entre mujeres y hombres en México. El Anexo 13 como instrumento presupuestal es una herramienta que tiene un potencial enorme, y usarlo para promover el acceso equitativo de los recursos públicos es un gran reto que, con suerte, en 2018 sirva al propósito con que se diseñó en 2008.

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Sofía Mosqueda estudió relaciones internacionales en El Colegio de San Luis y ciencia política en El Colegio de México. Es asesora legislativa.

Twitter: @moskeda

Dinorah Ortiz Cinco es economista y Maestra en Políticas Públicas y Género.

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