Por Sofía Mosqueda

Hace un par de semanas se presentó en el Senado, en la Comisión Permanente (es decir, uno de los dos periodos en el año en que se juntan sólo algunos miembros de las dos Cámaras, de diputados y de senadores, a sesionar juntos), una iniciativa que propone garantizar el derecho a recibir servicios de salud sexual y reproductiva; específicamente, la interrupción del embarazo, mediante la modificación del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La exposición de motivos de la iniciativa habla sobre cifras de la Organización Mundial de la Salud sobre la incidencia de embarazos no deseados y sobre la cantidad de abortos que se llevan a cabo de manera insegura en el mundo y en nuestro país; sobre los precedentes que hay en México respecto de la maternidad impuesta como consecuencia de la violación, de las muertes producto de los procedimientos clandestinos y sobre el embarazo por violación como un problema de salud pública. Habla también sobre todas las convenciones internacionales que México ha suscrito en las que se indican los mecanismos que tendrían que implementarse para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Programa de Acción de Viena, la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW-, la Convención Belén do Pará, etc). Toda esta información es sumamente relevante para entender, con peras y manzanas, por qué es urgente legislar al respecto.

Sin embargo, lo verdaderamente valioso de lo que propone esta iniciativa es que los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la interrupción del embarazo, tengan que garantizarse por parte del Estado siempre que cualquier mujer lo solicite; no supeditando este servicio a si el embarazo es producto de una violación, si hay peligro de muerte o riesgos para la salud o si hay alguna malformación genética en el producto. Simplemente porque, como ya lo dice el artículo 4 de nuestra Constitución, “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos”. Porque las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo.

Actualmente la regulación de la ILE es de carácter estatal, por lo que cada entidad establece cuándo abortar es delito, además de los trámites y protocolos de la prestación del servicio. Si esta iniciativa se aprobara, ya no habría forma de que la regulación estatal sobrepasara lo estipulado en la Constitución, haciendo, así, legal el aborto en toda la República Mexicana.

El año pasado el Frente Nacional por la Familia presentó una iniciativa que buscaba modificar el mismo artículo constitucional pero para hacer exactamente lo contrario: restringir los derechos de las personas que quisieran hacer familia con alguien de su mismo sexo (prohibiendo tanto el matrimonio homosexual como la adopción homoparental), el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo (prohibiendo el aborto), y el derecho de los niños a recibir en la escuela una educación laica con perspectiva de género y educación sexual. No sé si se acuerden, pero hasta hubo gente que salió a marchar para que esta iniciativa se aprobara para así “proteger a la familia” (sic).

Afortunadamente esa iniciativa no progresó, así como probablemente la propuesta por el PRD hace unas semanas tampoco lo haga. De por sí los temas relacionados a la interrupción legal del embarazo suelen atorarse en el proceso legislativo, cuando se trata de modificar la Constitución se complica un poco más, puesto que (de acuerdo al artículo 135 de la misma) se requiere no sólo que el Congreso de la Unión la apruebe por mayoría calificada con el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en las dos Cámaras, sino que, además, la aprueben la mayoría absoluta de las legislaturas estatales. Las probabilidades de que esta iniciativa se apruebe son muy bajas.

La inserción de un tema tan polémico en la Comisión Permanente probablemente responda a una estrategia política relacionada con la coyuntura electoral en el Estado de México, quién sabe; lo que sí es que nos permite una vez más poner el tema sobre la mesa y seguir haciendo hincapié en la necesidad que tenemos de permitir en todo el país (en la CDMX ya es legal durante las primeras 12 semanas de gestación) la interrupción legal del embarazo no sólo como un asunto de salud pública, sino de derechos humanos, de vida digna y de respeto a la decisión autónoma de las mujeres sobre su cuerpo.

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Sofía Mosqueda estudió relaciones internacionales en El Colegio de San Luis y ciencia política en El Colegio de México. Es asesora legislativa.

Twitter: @moskeda