Por Diego Castañeda
De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, la corrupción le cuesta a México entre 2 y 9 puntos del PIB (entre 400 mil millones y 1,800 millones de pesos). Y cálculos semejantes han sido hechos por distintas organizaciones. Sin embargo, no es sólo dinero el que se pierde, también son vidas. Los trágicos sucesos en el estado de Morelos donde un socavón se abrió a medio camino y le costó la vida a dos personas es sólo una de muchas formas en que la corrupción nos cuesta vidas; también lo hace cuando las compras de medicamentos no se hacen bien y personas mueren por enfermedad, cuando a una mujer no se le puede atender en un parto porque falta equipo o cuando la infraestructura crítica de un lugar o los servicios públicos (educación, salud, seguridad, etc) fallan.
Dejando del lado (no por falta de relevancia) las múltiples formas en que este problema se materializa, vale la pena concentrarnos en una de sus formas y quizá la más común entre ellas: la obra pública—en específico, los caminos y carreteras. Existe un chiste entre los que estudian la corrupción en la obra pública en el mundo: entre más concreto tiene algo, más malos manejos debe tener (incluso, lo llaman el índice de concreto).
De acuerdo a Transparencia Internacional, en promedio, entre el 10 y el 20 por ciento de los presupuestos nacionales en el mundo se dedican al sector transporte y, de acuerdo al Banco Mundial, la corrupción en este sector puede llegar a costar en costos de transacción entre el 5 y el 20 por ciento del valor de las obras (permisos, tramites, etc). Algunos estudios en el mundo sugieren que la corrupción está asociada a una reducción anual de la tasa de crecimiento de entre 0.5 y 1 por ciento anual (FMI): cada punto de incremento en la corrupción está asociado a una disminución de 5 por ciento en la tasa de asistencia escolar y a una reducción de 2.5 años de expectativa de vida (Drehet et al. 2005). Es fácil ver por qué la corrupción es un problema muy serio con ramificaciones en casi todos los aspectos de las sociedades.
En este punto, los lectores seguramente pensarán en lo sucedido en Morelos y el socavón y pensarán que esto sucede por querer robar algo de dinero en los costos de materiales de menor calidad, entre otras cosas. Probablemente tendrán algo de razón en esa lógica; sin embargo, lo que los estudios internacionales han encontrado es una lógica más perversa.
Las tasas de retorno que se observan alrededor del mundo para proyectos carreteros en el agregado muestran que la construcción de una carretera o camino tiene un retorno a la inversión de, en promedio, 10 por ciento, además de un 40 por ciento para el mantenimiento de los mismos. Es decir, paga más construir algo que requiere mantenimiento seguido que construir algo que requiere poco mantenimiento. Lo anterior nos sirve para entender una lógica muy simple: en promedio, en el mundo, es más rentable construir mal y luego reparar que construir bien.
De acuerdo a Paterson y Chaudhuri (2007) una forma de detectar de forma más o menos certera cuándo ocurren este tipo de abusos en el desarrollo de infraestructura es prestar atención a los siguientes puntos:
– Falta de transparencia en decisiones de inversión pública y falta de lineamientos generales para cada proyecto.
– Presencia de cabilderos en las instancias de toma de decisiones.
– Marcos regulatorios débiles o mal diseñados.
– Falta de mecanismos de resolución de conflicto y de atención a quejas.
– Asimetrías de la información.
– Falta de claridad en la división de responsabilidades entre las partes involucradas en un proyecto.
– Adjudicaciones directas.
– Evaluaciones inadecuadas de la demanda de infraestructura, del impacto ambiental, de las condiciones del terreno.
– Falta de planeación estratégica en la toma de decisiones relativas a la infraestructura.
Entre otras tantas…
Tragedias como la sucedida en Morelos no deben sorprendernos en lo absoluto; de hecho, existe evidencia de que México es un país más corrupto o poco íntegro que lo que se esperaría dado su nivel de desarrollo económico. Por ejemplo en la siguiente gráfica, construida por la experta internacional en corrupción, la Dra. Alina Mungiu-Pippidi, se puede observar si la posición de cada país en términos de integridad corresponde con su nivel de desarrollo.
Los países por arriba de la linea de 45 grados indican que tienen un nivel de integridad mayor al esperado dado su nivel de desarrollo, los países en la línea indican que tienen un nivel igual al esperado y los que se encuentran por debajo de la línea tienen un nivel de integridad inferior al que se esperaría. México está ahí, entre los que tienen un peor nivel de integridad del esperado para su nivel de desarrollo, superado por Italia y Grecia.
Nadie se sorprende de que México ocupe una posición tan poco destacada en este asunto; no obstante, sí debería preocuparnos mucho más. No sólo nuestra economía está creciendo menos, nuestra salud siendo peor de la que debería, nuestra seguridad inferior, estamos siendo más desiguales hoy y sembrando más desigualdad hacia el futuro y, en general, nuestra calidad de vida siendo menos buena de la que debería: también estamos pagando un alto costo en vidas humanas por los distintos efectos de este problema.
Esta tragedia, además, pasa en el contexto de los ataques en tiempos recientes a iniciativas como las del Sistema Nacional Anticorrupción que son buenas y necesarias. Estos esfuerzos requieren de un ingrediente clave poco discutido en la opinión pública: la voluntad política. No sólo es un tema de intentar generar instituciones fuertes y mecanismos para el combate a la corrupción, también es un asunto de querer hacerlo. El socavón de Cuernavaca es un recordatorio de otras caras del problema y la poca voluntad política que existe para resolverlo.
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Diego Castañeda es economista por la University of London.
Twitter: @diegocastaneda
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