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El jueves pasado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) anunció la autorización de dos permisos a empresas particulares para el uso de maíz transgénico.

En un comunicado, la dependencia señaló que ambos permisos respondieron a 35 solicitudes recibidas. Ahora, las dos empresas (cuyos nombres no fueron revelados) podrán realizar siembras con granos genéticamente modificados en estados del norte y el occidente del país ( Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco). Destacaron que en esas demarcaciones la siembra se realizará primero en una fase experimental, donde estará controlada y aislada de otros cultivos para evitar su contaminación.

La otra cara de la moneda la dio a conocer la ONG Greenpeace, que el domingo ya se manifestaban en el Ángel con una manta que decía Maíz transgénico: fin de la independencia. De acuerdo con Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de esta institución, las medidas tomadas por el gobierno afectan nuestra independencia alimentaria, pues las empresas encargadas de estas nuevas semillas cobrarán a los agricultores mexicanos las regalías de éstas, aún cuando sus campos hayan sido accidentalemente contaminados.

Greenpeace agregó que la aprovación también viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que antepone las medidas de seguridad y protección a semillas originarias de un territorio, en este caso se haría por unas 60 variedades de maíz nativas del país.

Casualmente, entre las empresas que ingresaron dicha solicitud están la norteamericana Monsanto (mayor productora de semillas del mundo) además de Dow AgroSciences.

Tal como lo señala Aleira Lara, ¿A qué intereses está respondiendo el gobierno de México?