Que siempre no. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que debido a la polémica que se generó y el desacuerdo de organizaciones en defensa de los derechos humanos, el PT va a bajar de la orden del día su iniciativa sobre salud mental.
Lo anterior para que pueda ser “enriquecida” en Parlamento abierto.
Reconozco la sensibilidad del Grupo Parlamentario del @PtSenado, y de su coordinadora, la senadora @geovanna_b, por retirar del orden del día del periodo extraordinario a celebrarse mañana su iniciativa sobre salud mental, para que pueda ser enriquecida en Parlamento abierto. pic.twitter.com/OtLWOU36hd
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 28, 2020
Sin embargo, aunque ya no se discutirá en el pleno, es importante que analicemos qué se estaba proponiendo y por qué era tan preocupante que se pudiera aprobar.
Loca. Maniático. Histérica. Pirado. Sobra decir que, en México, los estigmas sociales sobre la salud mental son cosa de todos los días. ¿Lo peor del caso? En lugar de buscar más y mejores tratamientos, pareciera que nuestro país camina de reversa. Mientras lees esto, en el Senado se está cocinando una ley que violenta los derechos humanos de miles de personas… y todo, por el simple hecho de tener alguna condición de salud mental.
La iniciativa de ley buscaba aprobar cosas que parecen de pesadilla: internamientos involuntarios, privaciones de la libertad e incluso tratamientos sin consentimiento.
Para acabarla de amolar, la ley, lo hace con un lenguaje completamente obsoleto e inapropiado. En sus casi 50 páginas se avienta frases como “deficientes mentales” (en lugar de discapacidades intelectuales) o “trastornos mentales” (en lugar de discapacidades psicosociales).
Seguro has visto las publicaciones en redes sociales que piden que no se apruebe esta ley conocida como Ley Bañuelos.
Su nombre formal es Ley General de Salud Mental y fue propuesta por Geovanna del Carmen Bañuelos, legisladora del Partido del Trabajo (PT).
Como la verdad es impensable chutarte las páginas completas de la iniciativa, preparamos estos 4 puntos preocupantes de la propuesta, para que veas las cuestiones clave de esta ley que viola derechos humanos y que permitiría verdaderos atropellos en la vida de miles de personas.
¿Salud mental? Internado sin consentimiento
Ya con el título te imaginarás la gravedad del asunto: la iniciativa de Ley General de Salud Mental propone que las personas sean internadas sin su consentimiento.
En el artículo 16 se hace referencia a que todas las personas tienen derecho al consentimiento informado… peeero hacen una enorme excepción.
Esta excepción está establecida para casos de internamiento involuntario, casos de emergencia o cuando existan pruebas de que un tratamiento específico es la mejor solución para abordar las necesidades. O sea: prácticamente en cualquier situación. “La excepción es tan amplia que el riesgo es que el tratamiento involuntario se convierta en la regla”, comenta Carlos Ríos Espinosa, experto en Derechos Humanos e investigador de Human Rights Watch (HRW).
Además, preocupa que las personas pueden ser internadas en alguna institución de atención psiquiátrica cuando “alguien” lo decida.
En el inciso K del mismo artículo mencionan que será posible internar a alguien sin su consentimiento cuando “presente conductas o acciones que puedan causarle daño físico inmediato o inminente a sí mismo, a terceros o la propiedad”. ¿Lo preocupante? La ley no especifica quiénes toman estas decisiones y mucho menos establece los criterios.
Internado hasta 72 horas sin ninguna prueba
En el artículo 27 se abre la puerta a otras situaciones que prendieron las alarmas.
Ahí mencionan que una persona puede ser internada, sin su consentimiento, si existe alguna orden judicial o está la indicación de algún profesional acreditado por el Estado. Sin embargo, en la iniciativa escribieron una preocupante excepción. “Si el internamiento es menor a setenta y dos horas, no es necesaria una resolución judicial”, señalan.
Esto abre la puerta a algunas acusaciones infundadas —imagínate un pleito marital con acusaciones de “loca” o “loco”.
O digo, como si no fuera suficiente: alguien puede ser detenido 72 horas sin su consentimiento y sin ninguna resolución judicial.
Además, en el dictamen ni siquiera establece un tiempo máximo para los internamientos involuntarios. “Esto abre el camino para la detención indeterminada de aquellas personas que se consideren ‘enfermos mentales crónicos'”, apuntan los especialistas de Human Rights Watch.
¿Y luego? La salida no depende de tí
Siguiendo con las preocupaciones.
Además de que un tratamiento forzado es considerado una violación a los derechos de integridad personal y atropella la capacidad jurídica que tenemos para decidir sobre nuestros propios tratamientos médicos, la ley que busca aprobarse en México complica todavía más la situación.
La nueva Ley General de Salud Mental menciona que tú no puedes “darte de alta” de una institución psiquiátrica en la que te metieron involuntariamente. En el apartado J del artículo 16 se menciona que esto puede suceder “sólo cuando el médico tratante considere que, por mejoría de su estado mental, puede continuar su tratamiento en forma ambulatoria, o bien, si lo solicita un familiar por escrito”.
¿Y cómo hacerle? Bienvenido a la burocracia: si quisieras apelar la decisión del médico de no darte la salida de una institución, tendrías que hacerlo por la vía legal. Chale.
Viola derechos de confidencialidad
Esa ya es como la cerecita en el pastel, ¿no?
Además de las preocupantes medidas que se establecen en la iniciativa de Ley General de Salud Mental o Ley Bañuelos, diversas organizaciones civiles también alertaron que violan los derechos de confidencialidad de los pacientes.
El artículo 16, fracción XVI, establecen que los expedientes clínicos relacionados a la salud mental tienen que ser confidenciales… y luego le ponen otra excepción gigante.
La medida abre la puerta a que las autoridades judiciales determinen lo contrario, sin importar si está relacionado a tu tratamiento, a los asuntos familiares, a las investigaciones penales o prácticamente, a cualquier otra razón. “El dictamen propuesto debería aclarar con mayor precisión cuándo y qué tipos de excepciones existen”, apunta Carlos Ríos Espinosa, investigador de Human Rights Watch.
¿Quieres leer toda la iniciativa de la Ley Bañuelos? La puedes encontrar DÁNDOLE CLICK AQUÍ.