En este contexto electoral, el gobierno de Enrique Peña Nieto se niega a presentar cargos contra funcionarios vinculados a los casos de corrupción de Odebrecht, porque podría afectar a su partido, reveló The New York Times.
De acuerdo con The New York Times, el gobierno federal le ha puesto un freno a las investigaciones para no afectar al Partido Revolucionario Institucional.
En la investigación “El estancamiento del caso Odebrecht en México y las elecciones”, señala que en América Latina hay sólo dos países en los que no se ha llevado a cabo ningún proceso, como sucedió en Perú o Panamá, donde algunos presidentes, funcionarios y políticos han sido enjuiciados y hasta arrestados.
Y, ¿cuáles son esos países? Venezuela y México.
En el caso de nuestro país, la investigación ha quedado atrapada “en un limbo legal“, donde la corrupción es uno de los principales obstáculos para que se ejerza el Estado de derecho.
Odebrecht en México
A finales de 2016, la empresa brasileña reconoció ante la justicia de Suiza, Estados Unidos y Brasil que había llegado a un acuerdo multimillonario con funcionarios mexicanos, a quienes pagó 10, 5 millones de dólares en sobornos.
Después, a pesar de que en el país se había iniciado una investigación que identificaba a un asesor cercano al presidente de México como sospechoso, Santiago Nieto —en ese entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)— fue despedido a finales de octubre de 2017, por violar el código de ética, de acuerdo con el gobierno, hecho que Santiago Nieto ha negado y ha señalado su remoción como consecuencia de la investigación que él inició.
A raíz de esto, el caso no ha tenido grandes avances.
En otra indagación, hecha por la Procuraduría General de la República (PGR), se obtuvo suficiente evidencia para presentar cargos contra los supuestos implicados. Pero, según personas que revisaron este caso, las presiones políticas fueron un obstáculo para que se diera inicio a un proceso.
Los sospechosos
En el caso de Odebrecht y México, los sospechosos trabajaban en Petróleos Mexicanos (Pemex) —quienes han intentado desmentir este hecho se enfrentan a la declaración de la empresa de haber pagado millones en sobornos a funcionarios de Pemex—.
Por aquellos tiempos, Raúl Cervantes estaba a cargo de la PGR y el priista puso en marcha reuniones con las autoridades brasileñas, en lo que parecía ser un movimiento —al fin— para abordar los casos de corrupción.
Pero nada sucedió. Cervantes dejó la PGR en octubre de 2017 y también le dio carpetazo al tema.
Ante las preguntas de los medios y asociaciones civiles, su sucesor, Alberto Elías Beltrán, ha insistido en que la investigación continúa pero no puede dar detalles.
Hasta el momento, sólo se ha emitido una sanción administrativa en contra de Odebrecht —que prohíbe a la empresa brasileña hacer negocios en México—. Sin embargo, ningún funcionario ha sido acusado por haber aceptado sobornos.
Uno de los nombres claves en el caso de Odebrecht en México es el de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex e integrante de la campaña de EPN a la Presidencia, en 2012.
Aunque su nombre no fue mencionado al comienzo de las indagatorias, en Brasil un alto ejecutivo de Odebrecht señaló a Lozoya como uno de los funcionarios que aceptó el soborno —por 5 millones de dólares en 2014—.
¿Después? A la luz pública salieron los testimonios de tres oficiales de alto nivel en Odebrecht, quienes también acusaron a Lozoya de corrupción, esta vez por haber recibido más de 10 millones solamente en sobornos.
Según testimonios de ejecutivos de la compañía, durante la campaña de EPN a la Presidencia, Odebrecht hizo pagos a unas cuentas que les dio Lozoya —en ese momento, coordinador internacional de Peña Nieto—.
Las cuentas estaban asignadas en las Islas Vírgenes Británicas y el monto del pago fue por más de 3.1 millones de dólares.
El objetivo del pago era ganarse al candidato priista y ganar un lugar en el nuevo gobierno o financiar la campaña presidencial.
Sin embargo, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, ha dicho que no existe una sola evidencia contundente que vincule al exdirector de Pemex con casos de corrupción.
En el archivo
De acuerdo con fuentes de The New York Times, el PRI “no puede arriesgarse a que aflore otro escándalo de corrupción antes de las elecciones de julio” entonces la fórmula que supuestamente el gobierno federal encontró es la de retrasar la investigación.
“Este escándalo va más allá de afectar la reputación del presidente, que ya está dañada“, analizó Eduardo Bohórquez, del sistema anticorrupción.
Según Bohórquez, se trata ahora de la supervivencia del PRI.
A pesar de que hay documentos y registros de transferencias revelados por medios mexicanos, que indican que probablemente los sobornos fueron hasta por 16 millones de dólares —más de lo indicado por los testimonios de trabajadores de Odebrecht— en nuestro país aún no sucede nada.
Para conocer más sobre el reporte de Odebrecht y la implicación de este caso en las elecciones, te dejamos el texto completo de The New York Times “El estancamiento del caso Odebrecht en México y las elecciones“.
**Foto de portada: Getty Images.