El escándalo por el caso de la constructora brasileña Odebrecht sigue dentro de la política mexicana, y no se ve pa’ cuando.
Una nueva sanción en contra de la empresa se anunció por la Secretaría de la Función Pública -SFP-. Como consecuencia de simulaciones e incumplimientos de un contrato que fue celebrado en noviembre de 2015 por un monto superior a los mil 811 millones de pesos, la secretaría decidió sancionar a Odebrecht inhabilitándola para operar en México durante 2 años y 3 meses.
Junto con la empresa, va el director de finanzas de la constructora, Gleiber José de Faria, y el director en México, Alberto de Meneses Weyll.
Y justamente fue Meneses Weyll quien declaró, ante las autoridades brasileñas, que en 2012 Emilio Lozoya recibió 10 millones de dólares como pago por un soborno. Lozoya era en ese entonces coordinador internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, y después director de Pemex -2012 a 2016-.
Ojo: sancionan a quien señaló a Emilio Lozoya por haber recibido sobornos de #Odebrecht para la campaña de @EPN. Pero no tocan a Lozoya ni con el pétalo de de una investigación. Esa es la impunidad que llevará al PRI a perder la elección, porque se ha ganado el rechazo a pulso. pic.twitter.com/8NRi15Ir0a
— Denise Dresser (@DeniseDresserG) 19 de abril de 2018
El diario Reforma refiere que esta es la primera vez que la SFP sanciona no solo a la empresa, sino también a los directivos.
El mencionado contrato estuvo adjudicado para la construcción de accesos y obras externas en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. Fue la empresa Construcción Internacional de México la cesionaria del contrato y recibió las obligaciones, simulando su cumplimiento, justo tres meses antes de la salida de Lozoya de la dirección de Pemex.
Sin embargo, los castigos administrativos de la SFP son muy aparte de las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la PGR, de la cual por cierto se desconocen los resultados.
Además de la inhabilitación, la constructora tendrá que pagar una multa de 543,5 millones de pesos.
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Hay que señalar que hasta el momento ningún funcionario mexicano ha sido procesado penalmente por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos que estuvieron implicados en la trama de corrupción.