El pasado 16 de octubre renunció Raúl Cervantes Andrade a su puesto como titular de la Procuraduría General de la República (PGR). El político priista afirmó que su decisión se debía a que no quería entorpecer la transición hacia la Fiscalía General y para que el Congreso de la Unión agilizara la aprobación de las leyes que regirán este organismo. En su lugar, como procurador interino, quedó Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. Al momento de dar a conocer su renuncia, Cervantes Andrade informó que la investigación sobre los actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en nuestro país habían concluido y que esta estaba lista para ser consignada ante un juez. En pocas palabras, el exprocurador dejó preparada la bomba antes de salir.

“La PGR ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto (…) Esquema para corromper, obtener contratos públicos y uso de paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación e instituciones”, tuiteó el exfuncionario. Con estas afirmaciones quedaron varias preguntas en el aire. ¿Por qué el extitular de la procuraduría no compartió sus conclusiones antes de partir? ¿La PGR aceptó no sancionar a Odebrecht a cambio de información, como propusieron las autoridades brasileñas? ¿Elías Beltrán, el encargado del despacho, tiene la fuerza suficiente para darle continuidad a un caso así de difícil? ¿Un nuevo procurador aceptaría las conclusiones de su antecesor así sin chistar?

Las respuestas a algunos de estos cuestionamientos empiezan a aparecer. Aunque no en el sentido que esperábamos.

Alberto Elías Beltrán, nuevo titular de la PGR
Foto: Notimex

El periódico Reforma publicó este martes 21 de noviembre que, a un mes de la renuncia de Cervantes Andrade, la investigación del caso Odebrecht ha sido congelada por el encargado de despacho de la PGR. Así como lo leen. El diario entrevistó a diversos personajes de la sociedad civil y también políticos que aseguran que al caso le han puesto hielo. “Si la investigación estaba lista hace un mes, ¿por qué no ha salido? Tenemos una institución desmantelada”, relató Ana Lorena Delgadillo, integrante del colectivo #UnaFiscalíaQueSirva, al periódico. “Tenemos un encargado de despacho que va a durar un buen rato para intentar tapar esta investigación cuando él debe ser el principal responsable de llevarla adelante”, dijo el senador independiente Alejandro Encinas.

El panista Juan Carlos Romero Hicks, por su parte, consideró que el PRI está detrás del entierro del caso Odebrecht y que Alberto Elías Beltrán no tiene la credibilidad necesaria para estar al frente de la procuraduría. Carlos Cruz, de la organización Cauce Ciudadano, indicó que puede que el procedimiento esté parado debido a que no hay fiscal en materia electoral (Santiago Nieto Castillo, otrora titular de la Fepade, fue destituido por Elías Beltrán) ni fiscal general. “Esto justamente parte del pacto de impunidad. Eso es lo que se tiene que romper”, sentenció Cruz. Las investigaciones sobre el caso Odebrecht ha salpicado a personajes como Luiz Inacio Lula da Silva, expresidente de Brasil; Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y Ollanta Humala, expresidente de Perú, quien fue condenado a 18 meses de prisión preventiva.

Acá en México nadie ha sido castigado por la red de sobornos internacionales más grande de la que se tenga registro.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex involucrado en el caso Pemex
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Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña por al menos 10 millones de dólares, afirmó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que es falso que la procuraduría haya congelado congelado la investigación del caso Odebrecht. De acuerdo con el abogado de Lozoya, ahora justo están en la etapa de presentación de pruebas. Coello Trejo afirmó que la PGR sigue investigando y ellos continúan presentando pruebas luego de haber obtenido un amparo en contra de que la dependencia judicialice el expediente.

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