Después de que el viernes pasado se difundiera un video de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, cotorreando con Jaime Bonilla sobre la extensión de su mandato –de dos a cinco años— en Baja California, la exministra inició la semana con un comunicado en el que lamenta las “malas interpretaciones” que se desencadenaron por este video.

Según Cordero, eso que vimos en realidad no lo quiso decir. O bueno, sí pero en un contexto diferente. Todo se debió a la falta de cortesía “que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni autorización“.

Olga Sánchez Cordero

Como saben, tras la difusión del video de la “esgrima jurídica”, usuarios de redes sociales —incluso aquellos que votaron por el proyecto de AMLO— cuestionaron a Sánchez Cordero sobre su aval a la Ley Bonilla —¿por qué la Segob no hizo un fuerte llamado para que el compa Jaime Bonilla respetara la ley electoral?, se preguntaron los usuarios.

Tras los cuestionamientos y críticas, Olga Sánchez Cordero difundió un comunicado en el que ha argumentado que la única en arreglar este asunto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales”. Es decir, que todo queda en manos de la SCJN.

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Foto: Cuartoscuro.

A finales de septiembre pasado, Sánchez Cordero se pronunció en contra de la Ley Bonilla —es más, la calificó como una acción inconstitucional. Sin embargo, dejó en claro que la Segob no iba a intervenir en este polémico asunto. Todo quedaría en el Poder Judicial.

Un mes y medio después, la secretaria de Gobernación no contó con el video que reveló su aval “jurídico” para el gobierno de Jaime Bonilla en Baja California —con todo y sus cinco años. Una vez que el video circuló en redes sociales, la exministra ha tenido que meter presión para refrendar la posición que mostró al inicio de este caso:

“Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esas entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad“.

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Foto: Cuartoscuro.

Es decir, de que los cinco años de gobierno de Bonilla es una controversia constitucional, lo es. Pero hay que darle chance a que el Poder Judicial intervenga y sea el último en decidir qué pasará en Baja California. Así inició esta semana la exministra.