Juan E. Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, afirmó que en México es recurrente el uso de tortura y ocurre en un contexto de impunidad.
La afirmación más relevante del informe es que la tortura en México es generalizada, usualmente empleada por autoridades para la fabricación de culpables y la represión a disidentes.
“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, lo cual es aliciente para su repetición y agravamiento”, afirman Méndez en su informe sobre México.
Méndez realizó una visita a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y redactó un informe que hoy presentará ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Diversas organizaciones sociales está de acuerdo en que la finalidad de dicha tortura es castigar o extraer confesiones o información,
“hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
Méndez denuncia también que “las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”.
La deficiencia de los exámenes médicos; la falta de control sobre la legalidad y el plazo de la detención; y que las declaraciones se presentan sin intervención judicial ni presencia del abogado son factores que impiden enlistar el número de víctimas. Además, el relator critica que no se inician investigaciones de oficio, ni se excluyen pruebas obtenidas bajo tortura.
Se recomienda a México “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”. En su informe, el relator hace especial énfasis en el caso de desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en la localidad de Iguala, Guerrero.
Es necesario tomar medidas para prevenir y castigar seriamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos, pide urgentes reformas legislativas para adaptar la normativa a los estándares internacionales para efectivamente prevenir, evitar, juzgar y castigar todos los actos de tortura o malos tratos. Entre las exigencias del relator están:
- Resolver denuncias de tortura, incluso las de antaño como “la Guerra Sucia”.
- Suspender inmediatamente a los funcionarios sospechosos de emplear la tortura
- Descartar cualquier prueba que haya sido obtenida bajo tortura
- Que se retire definitivamente a las Fuerzas Armadas de las labores relacionadas con la seguridad pública.
- Implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos
Es responsabilidad del Estado poner fin a la práctica de la tortura como un medio para hacer justicia (en el mejor de los casos), sin embargo, también es necesario por nuestra parte exigir nuevos modelos de justicia y nunca aplaudir la tortura como una forma de combatir a los malos.